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Tribuna:

El odio

Como el objetivo principal, casi único, de la política española es desde 1986, si no desde antes, el de nuestra integración en Europa, parece razonable juzgar desde él nuestra situación y la acción de nuestros Gobiernos. La actual es sin duda buena en lo económico, menos buena e incluso muy mala en lo político, en el que nos amenazan males, bastante más graves que el que resultaría de nuestra no incorporación a la moneda única, por grande que éste sea.Incluso en la explotación política del éxito económico se están introduciendo algunos elementos de confusión que son, por decir lo menos, poco europeos. El reto de Maastricht no tiene nada que ver con una competición deportiva. El proyecto de dotar a Europa de una moneda única es un proyecto común de los 15 Estados miembros y ninguno de ellos puede considerar como un triunfo propio estar mejor que los demás. Celebrar la favorable evolución del déficit, la inflación o la deuda en España, regodeándose en la ventaja que llevamos a otros, si tal ventaja existe, es pura y simplemente una estupidez. Nadie puede imaginar, supongo, que la moneda única sea posible sin Alemania o Francia, pero, a juzgar por lo que se lee y se oye, parecen ser muchos los que se felicitan de que estemos ganándole el partido a Italia. Ni hay competición alguna, ni sería bueno para nosotros, sino muy malo, que Italia quedase fuera. La unificación monetaria no es más que un paso más, aunque importante, en un camino que lleva hacia la homogeneización de las economías y con ella, naturalmente, de los modos de vida, y el de los italianos es, sin duda, el más semejante al nuestro. Quedamos sin nuestros aliados naturales en las muchas batallas que aún tenemos por delante es un desastre; celebrarlo, pura insensatez.

De otra parte, y con eso paso a lo que más importa, la construcción de Europa es obra de Estados. Ellos son sus artífices y sus beneficiarios. El camino escogido para llevarla a cabo, seguramente el único posible, ha sido el de la unificación de las economías y es éste el terreno en el que la cuestión se juega. Ello no debe hacer olvidar, sin embargo, que el supuesto imprescindible de todo el proceso, su condición inexcusable, es el e que los miembros de la Unión que se construye sean Estados fuertes, que aseguren con suficiencia los fines básicos que dan al Estado su razón de ser y que los aseguran, además, en una forma determinada, como Estados constitucionales, en los que el respeto al derecho y a la democracia no son meras apariencias, formas vacías de contenido. Este es el punto de vista esencial para juzgar de nuestra suficiencia europea, y desde este punto de vista hay más razones, me temo, para la preocupación que para el alborozo.

La finalidad básica del Estado, su objetivo primero, es, como decía Montesquieu, el de se maintenir, es decir, el de evitar la anarquía, el de asegurar el monopolio en el uso de la violencia dentro de su territorio, y para ello, naturalmente, garantizar un uso de ella que es aceptado como imparcial y justo, o cuando menos puede presentarse como tal. El debilitamiento del aparato judicial o de la confianza popular en él es funesto para el Estado y en él parecen empeñados algunos de sus miembros. Las extravagancias del instructor que pone en cuestión públicamente la imparcialidad o la justicia del tribunal superior que corrige sus errores y la peripecia del ministerio fiscal que acabamos de vivir y que ojalá pueda darse pronto por terminada, no tienen otra explicación. Una peripecia esta última, además, en la que la sorprendente actitud de los fiscales inexpugnables se ha visto agravada por los errores de otras instituciones. Del Gobierno, en primer lugar, que ha mantenido una actitud titubeante, cuando no complaciente, pero en último término, también del Consejo General del Poder Judicial, que no ha encontrado mejor medio de encubrir sus divisiones internas que el de formular por unanimidad una reserva de dudosa pertinencia y cuyo único efecto discernible, aparte de la dicha, es la de erosionar la autoridad de alguien que la necesitaría muy entera.

A estos motivos de preocupación se suman, por desgracia, otros de los que en alguna medida todos somos culpables, pero en los que la mayor responsabilidad incumbe a los dos grandes partidos y en especial, quizá, al Gobierno.

A lo largo de los últimos siglos, la sociedad española no ha destacado mucho en el comercio y la industria, pero hay un ámbito de actividad social en el que ocupa un lugar sobresaliente, quizá el primero, al menos en Occidente. Como pueblo tenemos una excepcional y desgraciada capacidad para crear odio, acumularlo y satisfacerlo en la guerra civil. Tres de ellas en el siglo pasado y una especialmente espantosa en el presente, constituyen un récord por el que ciertamente no podemos felicitarnos. Y a esa tarea de creación y acumulación de odio parece que queremos volver. La llamada crispación no es más que una manifestación de odio contenido, la peor amenaza para cualquier sociedad, el mayor peligro para la nuestra. No sé cuáles eran las cifras de nuestro déficit público o nuestra inflación en 1935, pero fueran las que fueren, quizá no malas, no estuvo seguramente en ellas el origen de lo que después vino, sino en el muy cierto superávit de odio.

El intento de indagar las causas del que ahora crece entre nosotros de señalar culpas o responsabilidades en su incremento es tarea, sobre difícil, sumamente arriesgada, pues, como es obvio, puede contribuir a hacer mayor el mal: los contendientes interpretarán inevitablemente lo que se diga como un ataque a la propia causa y un servicio a la ajena. Pese a ello, hay que acometerla, pues España es cosa de todos.

Decir que la causa primera del odio creciente está en el choque de intereses económicos y de ambiciones de poder es caer en la banalidad. Es posible que si no existieran los unos y las otras no hubiera conflicto, pero éste es un componente necesario de las sociedades vivas y el motor fundamental de su progreso. Por eso la civilización consiste, en gran medida, en la creación de mecanismos destinados a impedir que el conflicto se traduzca en odio y la competencia en un combate en el que se persigue el exterminio del otro. Es en la debilidad que estos mecanismos tienen entre nosotros y en la despreocupada frivolidad con la que se está en trance de destruir los que existen, en donde está el origen inmediato de nuestro mal y es a ellos adonde hay que acudir para remediarlos.

El primero de esos mecanismos es, por supuesto, el del respeto a las formas, difícilmente compatible con la desgraciada tendencia a la personalización de que adolece nuestra vida pública. Los objetos reales del odio son siempre las personas, no las ideas o las instituciones, y por eso la primera barrera que se puede oponer al odio es la de la impersonalización del adversario político. Los debates en el Parlamento británico son frecuentemente de una dureza feroz, pero sus miembros no se dirigen unos a otros como personas físicas, sino como titulares de una función; no por sus nombres, sino por su condición de representantes de un determinado distrito. Es claro que, en razón de nuestro sistema electoral, no podrían nuestras Cortes adoptar esta práctica, que por lo demás no sé hasta qué punto se respeta siempre en la actual Cámara de los Comunes, ni quizá aunque la adoptaran tendría eso mucha eficacia, pues no es aquí el debate en las Cortes, a diferencia de lo que en en la Gran Bretaña sucede, el centro de la vida política. La nuestra se desarrolla sobre todo en los medios de comunicación, y es en ellos en donde esta tendencia hacia la personalización se muestra triunfante. El brutal hallazgo del "felipismo" (ahora, como se sabe, "felipismo-polanquismo") como término habitual para la designación del adversario político está en el polo opuesto de aquella práctica civilizada y abre las compuertas del odio que en sí misma expresa. Ayuda a extenderlo y avivarlo, aunque no lo origine.

Las raíces profundas del odio están desde luego más extendidas y es difícil seguir el camino de todas sus ramas, identificar todas las barreras ya destruidas. Una importante es, creo, la falsificación de la democracia que se originó a partir del momento en el que se intentó identificar la responsabilidad política con la penal, en la esperanza de poder escapar de aquélla merced a la improbabilidad de que lograra demostrarse ésta. Lo malo para todos no está en que quienes inicialmente se beneficiaron de esa falsificación se hayan convertido ahora en sus víctimas, sino en que para conseguir este efecto, aquellos que inicialmente la combatieron se hayan transformado en sus más fervientes defensores y pongan en los tribunales las esperanzas que, en cierta medida, defraudaron las urnas. La falsificación inicial se incrementa ahora con el olvido de que, culpables o no penalmente de los delitos que se les imputan, la responsabilidad política de quienes gobernaron hasta el año pasado ha sido condonada por el voto de quienes los eligieron, y de que al negarles ahora autoridad para la crítica por el recuerdo de sus errores, se hiere directamente a los ciudadanos a quienes representan. Es decir, al cuerpo entero de los ciudadanos, aunque sin duda más directamente a quienes les dieron su voto.

La fe depositada en los tribunales (a veces simplemente en los jueces de instrucción) como equivalentes modernos de la olvidada institución del ostracismo (por muchas que sean, claro está, las diferencias que existen entre Felipe González y Alcibiades), está además en trance de hacer de éstos instrumentos habituales de la lucha política., Una lucha que ya no tiene lugar entre adversarios, sino entre enemigos existenciales a los que no se trata de desplazar, sino que se procura destruir, aplastando para ello, si es necesario (e incluso si no lo es, pero puede parecerlo), cuanto pudiera servirles de apoyo. Y en la que la víctima final sería por supuesto la democracia misma, que desaparece cuando la alternancia se hace imposible porque la derrota significa la destrucción.

No es probable que en el futuro inmediato los españoles volvamos a enzarzamos en una guerra civil. Ni aunque quisiéramos lo permitirían, cabe esperar, los países con los que hoy colaboramos en el proyecto común que centra todos nuestros esfuerzos. Estos se verán condenados al fracaso, sin embargo, sean cuales fueren las magnitudes económicas, si seguimos por donde vamos. El fin inmediato de la integración europea es sin duda el de la prosperidad común, pero a su vez éste no es sino un medio para lograr que Europa siga siendo lo que idealmente es, y en ese modelo ideal de lo europeo no hay desde luego sitio para una sociedad cuya paz civil está en peligro y cuya democracia tiene como árbitros finales a los señores Amedo, Domínguez y Perote.

Francisco Rubio Llorente es catedrático de Derecho Constitucional.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 24 de mayo de 1997