Vandalismo electoral

UNA VEZ más, como casi todas las primaveras, ciertas asociaciones agrícolas francesas llaman a sus miembros a convertirse en salteadores de caminos y a destruir productos hortofrutícolas españoles. Y, una vez más, la policía y gendarmería francesas observan la violencia de los campesinos franceses con una pasividad que, en ocasiones, raya la complicidad nacionalista. Los sucesivos Gobiernos españoles protestan, pero después esperan muy pacientemente a que se cumplan -tarde, mal o nunca- las promesas de compensaciones por los daños causados en territorio de nuestro socio y vecino.Tiene razón la ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, cuando dice que la responsabilidad principal ya no recae sobre los agricultores violentos que queman camiones y los demagogos que los alientan. Recae directamente sobre las autoridades francesas que reiteradamente los permiten. Y son graves. Un camionero español ha estado dos días ingresado en un hospital en el sur de Francia. Su camión ha sido destruido. Las cargas de otros varios también. Y las imágenes de televisión muestran a unos personajes perfectamente identificables en sus desmanes y a una policía que mira para otro lado mientras ocurren.

No se trata sólo de aplacar a los agricultores franceses mostrándoles la balanza comercial entre ambos países. Se trata, simple y llanamente, de aplicar la ley; de detener, procesar y castigar a quienes cometen estos actos de vandalismo; y de que la UE medie y sancione al Estado que permite que ocurran hechos así. No puede haber comprensión ni tolerancia para estos actos que minan la base misma de la cooperación y la propia idea de Europa. El delito es delito, antes y después de las elecciones.