Educación pública
LA RECIENTE campaña electoral del Reino Unido ha sido un buen ejemplo de cómo la educación puede ocupar un papel central en el debate político y servir de referente en las diferentes propuestas electorales, una vez que se han reducido enormemente las alternativas reales en otros campos de la política.Éste es también el caso de España, donde la inquietud por el futuro de la escuela pública no ha dejado de crecer en los últimos meses y se ha hecho patente en la masiva manifestación celebrada en Madrid el pasado sábado. Cada vez más, la educación es valorada como una inversión para un futuro caracterizado por la preponderancia del conocimiento sobre otras posibles fuentes de competitividad, como el sistema para formar verdaderos ciudadanos en una sociedad democrática y como un poderoso instrumento para la superación de las desigualdades. Por eso, el esfuerzo hecho para dignificar y mejorar la escuela pública a lo largo de los últimos años es uno de los más apreciados por el conjunto de los ciudadanos. A pesar de sus numerosas carencias, de reformas interminables y en muchos aspectos discutibles y de las oportunidades perdidas por el camino. Pero lo que se advierte, a la vista de declaraciones y medidas legales tomadas por el nuevo Gobierno, es un cambio de ponderación y de estrategia, más pendiente de proteger y mejorar las perspectivas de la escuela privada que en implantar un sistema educativo público bien dotado y de calidad.
Los apuros económicos, el aumento del número de alumnos por aula en un contexto de descenso de la población escolar, junto con la introducción de elementos de selección subjetivos por parte de los centros, han puesto sobre aviso a profesores y familias, preocupados por el buen funcionamiento de sus escuelas.
Las declaraciones de la ministra de Educación y Cultura aludiendo, por un lado, al sesgo partidista de la movilización y devaluando, por otro, la seriedad de sus motivos son inquietantes. Así como en otros ámbitos -sirva de ejemplo la reforma laboral- se buscan los acuerdos con los agentes sociales, única garantía de aplicación eficaz de las reformas, también en la educación debería buscarse ese consenso con el mismo ahínco, en lugar de despachar la protesta de modo despectivo. Ésta es una cuestión de Estado que rebasa de largo el plazo de una o dos legislaturas y el interés de los solos votantes de un partido.
