Clima inquisitorial

El prestigioso semanario alemán Der Spiegel se ha unido esta semana a los medios de comunicación extranjeros que siguen con interés la llamada "guerra digital" que se está librando en España. Der Spiegel, considerado la conciencia política alemana y con una tirada superior al millón de ejemplares, publica un amplio artículo sobre lo que considera el "clima inquisitorial" que se ha instalado en España y la forma en que el Gobierno español pretende controlar los medios de comunicación y hacer callar a los que no le son afines.

José María Aznar tiene problemas con la sátira; al menos, desde que, hace un año, se convirtió en presidente del Gobierno. Poco antes de las nueve de la noche, millones de espectadores sintonizan Las noticias del guiñol, los Spitting image españoles, emitidos en abierto por la televisión privada Canal +.Hace poco, el presidente del Gobierno salía como el cuco de un reloj y repetía una y otra vez: "España va bien". O el álter ego de látex de Aznar graznaba a González -en la vida real, líder de la oposición y predecesor del bigotudo-, que, sin escucharle, murmuraba con su acento sevillano y le daba la espalda.

Los acólitos de Aznar no quieren, seguir tolerando tales faltas de respeto. El coordinador del Partido Popular se quejó de que la parodia del canal privado era "un programa político de opinión" y "un poco fuerte". Inmediatamente, el periódico madrileño Abc, portavoz de la derecha, exigió en su portada un contraguiñol: sátira progubernamental.

Desde la penúltima semana, el presidente del Gobierno puede volver a reír. El Parlamento aprobó, con los votos de los comunistas, una ley de televisión digital que otorga a los competidores afines al Gobierno nuevas posibilidades y que perjudica al único consorcio que opera hasta ahora. Éste pertenece en un 85% a Sogecable, empresa gestora de Canal +, que tan pocas simpatías despierta en el Partido Popular.

En la firma madrileña Sogecable tienen participaciones el Canal Plus francés (un 25%), un grupo de bancos españoles (un 50%) y la empresa editora PRISA (un 25%). PRISA es asimismo propietaria de la mayor cadena de radio y edita EL PAÍS, el diario de mayor tirada y de mayor prestigio internacional.

También este periódico liberal, fundado tras la muerte del dictador Franco, es odioso para Aznar. La derecha recalcitrante del Partido Popular difama al periódico tachándole de órgano socialista y le responsabiliza de que fuera tan exigua la victoria electoral en marzo de 1996 sobre Felipe González, que ejerció durante 13 años la presidencia del Gobierno.

"La ley está hecha para perjudicar nuestros intereses y favorecer a la competencia", comenta con indignación Juan Luis Cebrián, consejero delegado de PRISA y uno de los fundadores de EL PAÍS. "El Gobierno tiene la misión de crear condiciones para una competencia saludable. Tenía que actuar para evitar una situación de monopolio", replica Ana Mato, responsable de política de comunicación del Partido Popular.

Al principio, Aznar intentó imponer una plataforma unitaria para el medio de comunicación del futuro, la televisión digital. España no dispone de una red de cable, y hasta el momento sólo dispone de tres operadores de televisión privada. "Creemos que el mercado no es lo suficientemente grande para dos plataformas digitales", declara Mato. Pero cuando PRISA siguió un camino propio, el Gobierno impulsó repentinamente la competencia.

La plataforma de Telefónica -recientemente privatizada bajo la presidencia de un amigo del colegio de Aznar, Juan Villalonga-, en la que participan la televisión estatal, una cadena de radio de la Iglesia y periódicos afines al Gobierno, intenta recuperar la ventaja que le lleva Sogecable y estar en disposición de iniciar las emisiones en otoño. También quiere participar en la plataforma gubernamental el gigante mexicano de la televisión, Televisa.

El vicepresidente español Francisco Álvarez Cascos se dedica con gran entusiasmo al proyecto: "La mejor garantía del interés general es la plataforma inspirada por el Gobierno," afirma el político conservador.

Los expertos eran unánimes sobre un punto quien poseyera el fútbol dominaría el nuevo mercado televisivo. Por tanto, el conflicto entre Sogecable y el Gobierno se desató en toda su intensidad cuando la empresa tuvo éxito en una maniobra por hacerse con los derechos de retransmisión televisiva del fútbol. En Nochebuena, el presidente de Soaecable consiguió llegar a un acuerdo con dos antiguos socios de la plataforma del Gobierno: el nuevo Canal Satélite Digital obtuvo de ese modo los derechos en exclusiva.

A finales de enero, el canal empezó a emitir desde Luxemburgo 25 programas a través del satélite Astra. Ya al día siguiente el Gobierno aprobó por el procedimiento de urgencia un decreto que entró en vigor inmediatamente.

Quien desee retransmitir debe apuntarse en un registro. El IVA para los abonados a la televisión de pago se elevó del 7% al 16%. Las fianzas pagadas por los decodificadores tenían que ingresarse en una cuenta especial de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, nombrada por el Gobierno.

La ley también escribe qué decoficadores pueden utilizarse en España en el futuro. El Gobierno ha establecido un sistema universal que hasta el momento únicamente existe como prototipo, pero que no se encuentra en el mercado.

El decodificador utilizado por Canal Satélite Digital, que puede hacerse compatible con otras ofertas de programación mediante un chip, sólo puede seguir utilizándose si los competidores españoles llegan a un acuerdo en los próximos dos meses. De no ser así, "podría producirse la absurda situación de que en España no haya televisión digital en absoluto", lamentó en el Parlamento el portavoz del socio catalán del Gobierno. Así es como se pretende obligar a negociar a Sogecable.

Ahora, el Gobierno quiere imponer, también por el procedimiento de urgencia, una ley sobre retransmisiones deportivas. Un órgano gubernamental, el denominado Consejo Superior de Deportes, debe establecer qué eventos deportivos son "de interés público". Estos acontecimientos no pueden emitirse en codificado. El consorcio digital, sin embargo, ha adquirido los derechos de los clubes de fútbol hasta el año 2003; Sogecable habla de una "expropiación".

El incómodo operador digital no sólo es acosado por limitaciones legales. A principios de marzo, el editor de la revista sensacionalista Época, que en tiempos fue uno de los directivos del principal órgano de prensa fascista y que ahora participa en el proyecto digital de la competencia, presentó una denuncia contra él en la que afirmaba que Sogecable había utilizado las fianzas depositadas por los decodificadores para transacciones financieras, disponiendo así, de forma ilegítima, de 21.800 millones de pesetas para el desarrollo de su Canal Satélite Digital.

El fiscal general del Estado, nombrado por el Gobierno, remitió la denuncia al juez instructor de la Audiencia Nacional, donde habitualmente se siguen actuaciones contra el narcotráfico y el terrorismo. Allí, el juez Javier Gómez de Liaño inició la instrucción del caso, pese a que expertos juristas consideran que, debido a una laguna legislativa, hasta ahora no existía ninguna obligación de depositar de forma diferenciada estas fianzas.

En una actuación espectacular, el juez llamó al presidente de Sogecable, Jesús de Polanco, y a 19 miembros del Consejo de Administración -entre ellos su consejero delegado, Juan Luis Cebrián, y el ex ministro de Cultura Jorge Semprún- para notificarles personalmente la demanda por "apropiación indebida, falsedad y estafa". Acto seguido les prohibió abandonar el territorio nacional sin autorización judicial. Gómez de Liaño decretó el secreto de las actuaciones, de tal modo que los abogados de la defensa no pueden acceder a las actas. Además, confiscó el listado de los 1,4 millones de abonados a Canal +.

Juan Luis Cebrián se teme un "proceso kafkiano", puesto que los libros de contabilidad están a disposición de las autoridades y las actuaciones judiciales son innecesarias. La intención del demandante es criminalizar a los directivos de la plataforma digital, que son simultáneamente los responsables de EL PAÍS, minando así la credibilidad del diario.

Los potenciales clientes de la televisión privada . serían ahuyentados si tienen que contar con que su nombre aparezca en las actas judiciales. También los socios, especialmente los bancos, podrían retirar su con fianza si "se suscita la impresión de que quien hace negocio con Polanco está contra el Gobierno".

El juez está ahora tomando declaración individualmente a los miembros del Consejo de Administración, que a estas altura ni siquiera excluyen la posibilidad de ingresar en prisión preventiva.

Como director de EL PAÍS durante la transición, Cebrián ya tuvo que lidiar con varias demandas. Fue condenado por pornografía y ofensa a la autoridad. Se quiso demostrar que era un agente del KGB, y también Barrionuevo, entonces ministro socialista de Interior, le llevó ante los tribunales... perdió. "Que ahora me acuse de haber ocultado millones de dólares no me preocupa", afirma Cebrián. "Eso no sólo es absolutamente falso, sino además ridículo". Pero al veterano periodista le preocupa un incipiente "clima inquisitorial' despues de un periodo de normalización democrática en España.

"González y Polanco son símbolos de la corrupción, de la especulación financiera y del monopolio informativo", afirma el diario El Mundo, que también participa en la plataforma digital del Gobierno y cuyo director es un consejero muy cercano a Aznar. Esto quiere decir: toda la era socialista ha sido un régimen de injusticia... y ahora los conservadores van a poner las cosas en su sitio.