La crisis interminable

CASI NUEVE meses después, lo que empezó como un conflicto para resolver la tensión insostenible entre el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda, y un grupo de fiscales calificados de rebeldes o indomables ha devenido en una crisis permanente de suma gravedad que se complica día a día. El trance, afrontado con indolencia desde el Ministerio de Justicia, amenaza en su último lance conocido -last but not least- con llevarse por delante al fiscal general del Estado.Juan Cesáreo Ortiz Úrculo teme -probablemente con información suficiente- que su propuesta de sanciones a los fiscales rebeldes no sea considerada por el Gobierno y, por tanto, quede desautorizado ante los propios fiscales y ante la opinión pública, con el ridículo correspondiente; y así lo ha hecho constar al Ejecutivo, a sabiendas de que una degradación de su autoridad de tal naturaleza le fuerza casi irremediablemente a una dimisión.

El temor de Ortiz Úrculo cobra fuerza conforme pasan las semanas y el silencio más espeso se cierne sobre las propuestas de sanción, acordadas por el fiscal el pasado 10 de abril. Las propuestas pretendían dar solución a la crisis de autoridad mediante un salomónico -y, por lo mismo, seguramente injusto- reparto de las sanciones. Así, el traslado del fiscal jefe José Aranda se intentaba equilibrar con sanciones a los fiscales rebeldes, consistentes en el traslado forzoso de la fiscal María Dolores Márquez de Prado, una sanción mínima para Ignacio Gordillo y multas a otros dos expedientados, Fungainiño y Rubira. Una solución que fue interpretada en clave de componenda política y cuya aplicación tampoco resuelve los problemas de fondo de la Audiencia Nacional.

A pesar de su levedad, la solución de Úrculo todavía es excesiva para la capacidad política del Gobierno. El Ministerio de Justicia, presionado ad infinitum por el coro de aliados mediáticos que defienden a capa y espada a esos fiscales, parece incapaz de imponer sanciones a veces tan nimias como las propuestas por el fiscal general del Estado. El hecho incontestable es que los fiscales en cuestión confirmaron ante la opinión pública su actuación coordinada como grupo de presión frente a sus superiores jerárquicos cuando amenazaron, por boca del fiscal Gordillo, con pedir el traslado de. los expedientados si se ejecutaba la sanción de traslado forzoso aplicada a María Dolores Márquez de Prado.

Frente a esta actuación coordinada, el Gobierno -en una muestra más de su falta de autonomía respecto a su lobby mediático- ha esgrimido despropósitos notables y una tendencia irrefrenable a aplazar las soluciones, escudado tras coartadas jurídicas irrelevantes. Una buena muestra de esta negligente displicencia es el juego del escondite organizado por la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, cuando declaró en el Senado que no había recibido el expediente de traslado forzoso de la fiscal Márquez de Prado a la misma hora que Ortiz Úrculo aseguraba su convencimiento de que el expediente había entrado en el ministerio veinticuatro horas antes. Si, a pesar de este miedo cerval del Gobierno a manejar la patata caliente, el fiscal general del Estado no obtiene un respaldo rápido y sin fisuras del Ministeno de Justicia y del Gobierno, su anulación política parece inevitable, y su debilidad, extrema.

Aunque Ortíz Úrculo está ahora a los pies de los caballos, la crisis de la fiscalía presenta expectativas de mejora en otro flanco. La decisión de Mariano Fernández Bermejo, fiscal jefe del Tribunal de Justicia de Madrid, y Francisco Javier Cebrián Badía, fiscal del Supremo, de presentar sus candidaturas a fiscal jefe de la Audiencia, libera al Ejecutivo del engorroso dilema de nombrar a Eduardo Fungainiño -un fiscal expedientado y que ejerce el cargo de fiscal jefe en funciones- o dejar vacante una vez más un cargo de tanta relevancia. Al menos, el sonrojante episodio de la candidatura del ultraderechista Luis Poyatos no volverá a repetirse. De esta forma, una de las líneas de presión continuada a favor de Fungairiño y los rebeldes, que es difícil no calificar de chantaje, queda abortada. Si la presencia de dos candidatos con un currículo profesional más que apreciable y que no pertenecen al círculo de expedientados no garantiza por sí sola la cicatrización de la crisis de la Audiencia, permite albergar ciertas esperanzas de que alguna vez se inicie un periodo de normalización.