Los ginecólogos no han logrado el indulto del PP

El Gobierno del PP no ha concedido el indulto solicitado por los dos médicos de Barcelona, al contrario de lo que hizo el del PSOE con los ginecólogos Germán Sáenz de Santamaría y Luis Alberto Stolzenburg, condenados a siete y cuatro años de prisión, respectivamente. El primero fue encarcelado en 1986 y 1991 mientras que el segundo ingresó en prisión en 1993. Bosman y Robles habían solicitado a la Audiencia que les aplicara el nuevo Código Penal, que castiga con penas de uno a tres años el aborto ilegal. El tribunal mantuvo la pena de cárcel y redujo la inhabilitación a un año, que ya se ha cumplido.Mientras que el abogado de los acusados indicaba ayer que el indulto fue denegado hace tres meses, fuentes del Ministerio de Justicia aseguraban a Europa Press que la petición no había llegado al Consejo de Ministros porque los expedientes estaban "pendientes de preceptivos informes".

El caso de los ginecólogos de Barcelona puede repetirse. En febrero una psiquiatra y un ginecólogo de Oviedo fueron condenados a un año y a seis meses, respectivamente, por un aborto ilegal. En julio pasado un médico malagueño fue condenado a un año de cárcel por el aborto de una joven seropositiva y con hepatitis B.

"Vamos hacia el aborto clandestino", dijo ayer la diputada de IU Cristina Almeida. "La inseguridad jurídica puede provocar que los médicos se nieguen a asistir a las mujeres, con lo cual volveremos al aborto clandestino". Almeida alertó sobre el presunto "carácter ejemplar" de la medida: "Si es así, atentarán no sólo contra el derecho al aborto, sino también contra el derecho a ser asistidas por un médico."

"Los abortos tendría que hacerlos la sanidad pública", dice Empar Pineda, portavoz de una clínica privada. "Pero no los hace, y encima el peso de la ley cae sobre los médicos. Están empujando al cierre de las clínicas y a volver al aborto clandestino".

La Federación de Mujeres Progresistas expresó también su "indignación" por la orden de prisión: "No hace más que poner de manifiesto la corta visión de determinados jueces que pretenden solucionar con la cárcel la falta de una ley de aborto coherente".

Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, criticó que "la única forma que tiene el poder de impedir que las mujeres decidan si quieren tener o no un hijo es metiendo en la cárcel a quien pueda facilitárselo".