La Audiencia de Barcelona ordena prisión para dos médicos por delito de aborto

La Audiencia de Barcelona ordenó ayer el ingreso en prisión de los médicos Rolín Julio Robles Cedamanos, de nacionalidad peruana, y el holandés Guerrit Jan Bosma para cumplir una sentencia firme de dos años de cárcel cada uno por un delito de aborto practicado en 1990 en el Centro Médico Aragón, del que eran copropietarios. Ambos habían presentado una solicitud de suspensión de condena y consideran que la orden de prisión constituye una excepción en la aplicación de la ley, que ellos atribuyen a presiones políticas. Anoche, la orden no se había ejecutado aún.

El tribunal acordó ayer la detención al desestimar la suspensión de la ejecución de la pena solicitada por los acusados en aplicación del vigente Código Penal, que permite eludir el ingreso en prisión a personas condenadas hasta un máximo de dos años de cárcel y que carezcan de antecedentes, como sucede en este caso.Fuentes del tribunal aseguraron ayer que la suspensión es una potestad que concede la ley, pero que no se aplica de forma automática, y añádieron que los motivos por los que no se ha otorgado en este caso 'fórman parte de las deliberaciones internas del tribunal".

Bosma se mostró ayer consternado: "En 24 horas te cambian la vida. Ayer mismo terminó el año de inhabilitación al que habíamos sido condenados, y hoy nos dicen que tenemos que ir a prisión. La orden no tiene ninguna justificación jurídica, de modo que sólo cabe pensar en motivos políticos".

La decisión se produce poco después de que el PP acusara en el Parlamento a las autoridades sanitarias de Cataluña de convertir Barcelona en "una meca abortista" a raíz de que un reportaje del diario francés Le Monde explicara que las restricciones de la legislación en Francia obligan a más de 5.000 mujeres a abortar en otros países y que Barcelona es uno de los destinos.

El abogado Enric Leira calificó de "insólita" la decisión del tribunal y anunció que hoy mismo recurrirá contra ella. Para Leira la decisión del tribunal es "absolutamente ilegal", pues el artículo 82 del Código Penal establece que "los jueces o tribunales se pronunciarán con la mayor urgencia sobre la concesión o no de la suspensión de la ejecución de la pena", y eso no ha sucedido. Fuentes del tribunal aseguraron, ayer que la orden de prisión implica ya una desestimación de esa solicitud.

El aborto fue practicado en agosto de 1990 a una mujer con desavenencias conyugales que había quedado encinta a pesar de llevar el dispositivo intrauterino (DIU), por lo que el ginecólogo de la Seguridad Social le aconsejó que fuese a ese centro a abortar. Allí fue atendida por los dos médicos: Bosma la entrevistó y Robles le practicó el aborto. Pero el marido, un policía que había estado suspendido de empleo y sueldo, presentó denuncia por aborto ilegal. La mujer fue condenada a seis meses de prisión y los médicos a dos años de cárcel y seis de inhabilitación por considerar el tribunal que el aborto no estaba motivado, como constaba en la documentación, por "un grave peligro para la salud física o psíquica de la madre", uno de los tres supuestos permitidos. En 1996 el Tribunal Supremo exculpó a la mujer, pero confirmó la condena para los dos médicos.

"Es tremendo que en 1997 y en un país democrático, en el que se supone que hay transparencia, puedan suceder estas cosas", declaró Gerrit Bosma. "Nuestra clínica siempre ha mantenido una posición muy transparente y hemos procurado siempre dar una prestación sanitaria de calidad. Nosotros fuimos los primeros en hacer abortos de, más de doce semanas y en tener un centro de referencia, el hospital Clínico, si había complicaciones. Ahora creo que esta actitud abierta nos ha perjudicado, porque nos ha puesto en el centro de las presiones antiabortistas."

"En este caso pensábamos que podríamos sentar un precedente jurídico: el considerar que cuando se produce un embarazo no deseado porque falla el DIU no es preciso un informe psiquiátrico. El daño psíquico es evidente, puesto que se intentó evitar el embarazo. La verdad es que no creíamos que pudiera suceder lo que ha sucedido", declaró Bosma. "Creímos que se modificaría la ley del aborto. Y ahora se nos deniega la suspensión de la condena cuando es algo que se concede siempre a quienes no tienen antecedentes".