El 95,5% de las mujeres que abortan legalmente acude a clínicas privadas
En la Comunidad de Madrid, 31 mujeres interrumpieron legalmente su embarazo cada día del año pasado. Y sólo 1,4 de estas interrupciones, según datos facilitados por la Consejería de Salud, se realizó en los quirófanos de un hospital público y sin coste alguno para la paciente. El resto de las embarazadas acudieron, bien por iniciativa propia o porque no fueron admitidas en los centros públicos, a clínicas privadas, donde el coste de un aborto oscila entre la 40.000 y las 200.000 pesetas, dependiendo de la semana de gestación.El año pasado se realizaron en la región un total de 11.452 interrupciones de embarazo. De éstas, tan sólo 522 fueron atendidas en la sanidad pública y sin coste alguno para la paciente. El 95,5% restante recurrió a clínicas privadas.
Tan sólo cuatro hospitales del Insalud asumen este tipo de intervenciones: Severo Ochoa de Leganés, Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, el hospital General de Móstoles y el Doce de Octubre de Madrid.
En el resto de los centros sanitarios, el personal del departamento de Ginecología y Obstetricia, al oír la palabra aborto, se escuda en la objeción de conciencia.
"Ése es el principal motivo por el que las clínicas privadas realizan tantas interrupciones y los públicos en general no ofertan esa. prestación", coinciden los jefes de ginecología de los hospitales Severo Ochoa y del Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. Precisamente, y por motivos de conciencia de los anestesistas, en este centro hospitalario sólo se realizan intervenciones de menos de 12 semanas. En el hospital Doce de Octubre, el personal sanitario sólo admite uno de los tres supuestos legales para la interrupción del embarazo: riesgo o malformación del feto. "Y siempre si está atendida por alguna persona del propio Servicio de Patología Fetal del hospital", asegura un portavoz del Insalud. La objeción de conciencia del personal médico desvía las operaciones a centros privados. "La paciente paga el importe, y luego puede pasar el reintegro para que se lo abone la Seguridad Social", explica el portavoz-. PASA A LA PÁGINA 3
La objeción de conciencia impide hacer más abortos en los hospitales públicos
VIENE DE LA PÁGINA 1A los problemas de conciencia del personal sanitario, y a las escasas plazas que ofrece la sanidad pública para abortar, hay que añadir otro factor que aumenta la angustia de muchas embarazadas: la intransigencia de algunos médicos de la Seguridad Social.
En ocasiones se niegan incluso a firmar el informe médico con el dictamen que estima que la paciente se encuentra dentro de los casos previstos en la ley para someterse a una interrupción voluntaria de embarazo, según el portavoz de Insalud. Este informe debe ir firmado por dos médicos y es imprescindible para que la paciente pueda someterse a un aborto.
"El principal problema reside", y en esto coinciden tanto médicos como el Insalud, "en que la mayoría de la gente todavía considera el aborto como una frivolidad, y procuran pasar de puntillas".
La objeción de conciencia de médicos, anestesistas y personal sanitario se comprende mejor dentro que fuera de los hospitales. Incluso el jefe de la sección de ginecología del hospital Severo Ochoa de Leganés, uno de los hospitales que sí realiza abortos hasta la 22ª semana de gestación, asegura: "Si un hospital decide no realizar abortos, hay que respetarlo. Como hay que respetar a quien también realiza este tipo de operaciones".
En Alcalá de Henares, uno de los responsables del área de ginecología del hospital Príncipe de Asturias, insiste en qué "el aborto no está bien visto en ninguna parte". En este centro sólo se realizan interrupciones de embarazo hasta la semana 12ª de gestación. El motivo lo explica el portavoz del hospital: a partir del tercer mes de estación es necesario dormir a a paciente con anestesia general. Y todos los anestesistas del príncipe de Asturias son objetores de conciencia.
"Es una decisión que hay que respetar tanto como la del aborto. De todas formas, debería haber más hospitales públicos que ofrezcan este servicio", asegura el portavoz del hospital de Alcalá.
En el departamento de Interrupciones Voluntarias de Embarazos (IVE) del Insalud consideran innecesario que en los hospitales públicos se creen unidades especiales de IVE.
"De igual manera que no se montan unidades especiales de apendicitis en los hospitales, no hay que crear espacios para interrupciones de embarazo. Es importante que se asuman este tipo de intervenciones con normalidad. Mientras que no sea así, siempre habrá problemas y las pacientes tendrán que acudir a un clínica privada", cuentan en esta sección.
De los 11.452 abortos practicados en la Comunidad de Madrid el año pasado, la gran mayoría, 11.037, se acogierón al supuesto de peligro para la salud física y psíquica de la embarazada. Otras 381 interrupciones de embarazo se efectuaron por riesgo de malformación del feto.
Y por último, dentro del apartado de violaciones, se realizaron cuatro abortos. En el recuento de la Comunidad de Madrid hay 30 casos sin determinar.
No todas las mujeres que acuden a un hospital con el fin de interrumpir su embarazo prosiguen con la idea inicial. Antes de cada intervención, cuentan en el Insalud, se le informa a la paciente de los inconvenientes y posibles secuelas, sobre todo psíquicas, que pueden quedar tras un aborto. "Es una charla moral, tras la cual muchas mujeres desisten", aseguran.
Por ejemplo, el hospital General de Móstoles, según explican en el Insalud, ofrece a las drogodependientes y enfermas de sida una lección sobre anticoncepción "con el fin de que no vuelvan a quedarse embarazadas". Si a pesar de los consejos la paciente vuelve a quedarse embarazada, se le niegan la segunda intervención quirúrgica. De lo que se trata, insisten en el Insalud y en la clínica privada Isadora, es de que el aborto no se convierta en un método anticonceptivo.
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