Los grupos políticos acusan a Hacienda de seguir sin dar información correcta de la supuesta 'ammstía'

La comisión parlamentaria que investiga los expedientes de la presunta amnistía fiscal del PSOE se encuentra perdida en una montaña de documentación confusa, incompleta, contradictoria y errónea. En ello coincidieron ayer los representantes del PSOE, IU, PNV y, en cierta medida, CiU. El secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, acudió a declarar ante la comisión y ofreció nuevos datos que aumentan hasta 223.653 milones la deuda en su opinión prescrita.

Juan Costa declaró durante cinco horas ante la comisión para intentar aclarar las dudas sobre la documentación remitida hasta ahora. Sus respuestas fueron valoradas por la mayoría de los grupos, a excepción del PP, con un alto grado de insatisfacción.Costa aportó nuevos datos que aumentan la deuda supuestamente prescrita desde los 200.000 millones iniciales hasta 223.653 millones, y dijo que en los listados de expedientes remitidos "no se puede hablar de errores", aunque admitió que algunos han desaparecido. Costa ofreció a los miembros de la comisión la posibilidad de personarse en los tribunales administrativos para verificar cada uno de ellos, y se comprometió a atender las peticiones de información de los grupos parlamentarios que no han sido satisfechas.

El diputado del PSOE, Joaquín Leguina, se quejó de que, pese a remitir listados que modifican los anteriores, "milagrosamente" las cifras son prácticamente iguales. Joan Saura, de IU, afirmó que los listados "tienen errores y con ellos no se puede trabajar". La diputada del PNV, Margarita Uría, denunció que el trabajo de recopilación de información hecho por Hacienda "no ha sido eficaz" y el de CiU, Josep Sánchez Llibre, pidió que se especifiquen algunas fechas en los expedientes y mostró su extrañeza porque éstos sólo se refieran a Madrid y Barcelona.

La falta de datos un mes después de creada la comisión dio pie a los grupos parlamentarios a avanzar conclusiones. Leguina acusó a Costa y al Gobierno del PP de "hacer maldita demagogia contra sus adversarios políticos y, lo más grave, contra los funcionarios de Hacienda que se han dejado las pestañas en su trabajo, labor que ahora descalifican con un cuadro estadístico".

Joan Saura acusó al equipo que ahora dirige Hacienda de "incurrir en la misma ineficacia que critican a sus antecesores" e insistió en que para avanzar, la comisión debe poder analizar al menos el contenido de los 40 expedientes de mayor cuantía y los que tramitó la Unidad de Delito Fiscal que dirigió Jesús Bermejo, actual director de la Agencia Tributaria.

Costa y el representante del PP, Jaime Ignacio del Burgo, se reafirmaron en las acusaciones de amiguismo contra el anterior Gobierno. Costa explicó que "había deficiencias estructurales, carencia de medios, cambios normativos, falta de control... Y que eso conllevaba el riesgo de pérdida de derechos económicos para Hacienda". Esto supuso, añadió, "que a unos contribuyentes se les pasaron injustificadamente los plazos y a otros no". Con este funcionamiento, concluyó, se creó el caldo de cultivo apropiado para "actuaciones irregulares" y "no se tomaron medidas para impedirlo".

Leguina, a quien los populares han pedido que abandone la comisión, devolvió la pelota con la acusación a Costa de haber suministrado al PP y a su Gobierno los nombres de los expedientados para sustentar sus imputaciones de anmiguismo. El secretario de Estado dijo que hay un procedimiento abierto en la Audiencia Nacional y que la Administración tributaria va a suministrar los datos para depurar responsabilidades.

¿Y si el Tribunal Supremo finalmente dictamina en una segunda sentencia que no hay prescripción?, preguntó Leguina. "Usted tendrá que callarse la boca" le respondió Costa, que insistió en que los expedientes van a prescribir.