Lengua y convivencia
EL GOBIERNO catalán ha planteado la necesidad de revisar la legislación lingüística de 1983, con el objetivo de avanzar en el uso social de la lengua catalana. Pero el presidente Pujol ha querido dejar claro que la convivencia es un valor superior y ha propuesto que la revisión legal se realice no a partir de un proyecto del Gobierno, sino en una ponencia parlamentaria conjunta, con la intención de alcanzar un consenso similar al que respaldó la ley de 1983..Aunque la ponencia ha convocado a todos los agentes sociales para que expresen su parecer, la batalla de la opinión pública ha empezado fuera del Parlamento, consiguiendo enturbiar el buen clima que rodeaba el debate hasta ahora. Cuatro diócesis catalanas, a través de una hoja parroquial común, han conminado a los castellanohablantes a que aprendan el catalán como "nosotros hemos' tenido que aprender su lengua". El éxito de convivencia bilingüe que es Cataluña se basa en la existencia de una comunidad de ciudadanos sin exclusiones lingüísticas -catalán es todo aquel que vive y trabaja en Cataluña-, por lo que la frontera entre nosotros y ellos que establece este documento, además de ofensivo para una parte de la población, es inquietante para todos: apunta irresponsablemente hacia la quiebra de la concordia civil. No es de extrañar, pues, que otros obispos igualmente catalanes lo hayan criticado.
Otro texto, un manifiesto suscrito también por algunos obispos y rectores de universidades -con significa tivas ausencias de personalidades próximas a Conver géncia-, declara "deseable" que el catalán sea la única lengua oficial en Cataluña, partiendo de la convicción de que, en una sociedad con dos lenguas, la minonizada -elcatalán- no puede sobrevivir al lado de la lengua. fuerte. El único remedio sería, de aceptarse este dudoso diagnóstico, imponer por ley el monolingüismo. Pero las hipótesis de ingeniería lingüística no pueden prescindir de la realidad y quienes lo proponen deberían evaluar si una Cataluña mónolingüe por decreto es coherente con el pluralismo de la sociedad catalana. "Es insensato o malintencionado", dice el documento, "reducir la protección de la lengua catalana a la afirmación de los derechos lingüísticos individuales de los ciudadanos de Cataluña sin tener en cuenta el criterio territorial". El criterio territorial ha de ser tomado en consideración con realismo, pero no hasta el punto de anular el derecho individual. La Constitución establece el deber de conocer el español, pero ese deber también existe para los ciudadanos catalanes respecto a la otra lengua oficial desde el momento en que todos los colegiales -salvo los no afincados- deben acreditar que la hablan. El uso de un idioma por parte del ciudadano debe respetar el principio de libre elección.
No se trata sólo de lograr la supervivencia del catalán. Nadie como los propios catalanohablantes puede comprender las preocupaciones sobre el español que se han manifestado en el reciente congreso de México. Si la debilidad del catalán puede demandar una discriminación positiva y su fomento, una Administración bilingüe o el reconocimiento oficial de la unidad de la lengua, nada puede, por el contrario', legitimar una intromisión de las administraciones en los usos privados. Por poderosas razones morales, pero también por eficacia: para no despertar, donde no lo hay apenas, un rencor lingüístico que ponga en peligro una convivencia hasta ahora ejemplar. Las estadísticas demuestran que el catalán avanza, y lo hace porque toda la sociedad catalana -sin ellos ni nosotros- lo quiere. Con estruendos será imposible elaborar una ley desde el consenso; y sin consenso no habrá una buena ley, sino una frontera que dividirá a la sociedad entre vencedores y vencidos.
