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Hacienda no encuentra "muchos" de los expedientes que cree prescritos ni el informe técnico de La Caixa

El Ministerio de Hacienda ha tenido que enviar al Congreso una nueva lista de los expedientes fiscales que considera prescritos por "negligencia" y "amiguismo" del anterior Gobierno socialista. Con ello, responde al requerimiento de la comisión de investigación creada al efecto, que había considerado "muy insuficiente" la primera información remitida. El nuevo listado afina en la selección de los expedientes para corregir los numerosos errores de bulto hasta ahora detectados. Hacienda explica, no obstante, que "ha sido imposible la localización de muchos" expedientes. Tampoco ha encontrado, un informe solicitado por la comisión relativo a La Caixa, cuyo expediente es el de mayor cuantía: 20.709 millones de pesetas.

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La comisión que investiga este escándalo recibió el pasado viernes a última hora de la tarde una segunda remesa de documentos. La primera ocupaba una camioneta entera, pese a lo cual el presidente de la comisión, el diputado del PNV Jon Zabalía, la calificó el pasado jueves de "muy insuficiente". En su opinión, faltaba "el 80% de la información importante". Además, adolecía de numerosos errores.El segundo envío del Ministerio de Hacienda es mucho más reducido, pero su contenido es más sustancioso y preciso. Se trata de cinco documentos, dos de ellos de especial importancia. El primero contiene una nueva valoración económica y numérica de los expedientes supuestamente prescritos, una descripción de la metodología empleada y una explicación de las dificultades encontradas. Entre éstas, el documento señala las dos siguientes:

-"El sistema de archivo y control de los expedientes es, en general, muy inadecuado, hasta el punto de que ha resultado imposible la localización de muchos de ellos".

-"En otros casos, no se guarda copia del expediente completo. Se envían los originales a los tribunales y sólo se hace fotocopia de alguno de los elementos, sin una sistemática fija, sin dejar referencia de los documentos remitidos. Así, es muy común la falta de algunos de los documentos, tales como alegaciones, notificación, escritos que acrediten la ampliación del plazo para alegaciones, etcétera". Pese a estas dificultades, el documento -que lleva el sello del Ministerio de Economía y Hacienda y se califica de "reservado y confidencial"- asegura que la denuncia se confirma. Textualmente, se señala que "la compleja tarea de verificación de cada expediente ha servido para determinar, con el suficiente grado de certeza y rigor a los efectos que se perseguían, el número de expedientes afectados por la prescripción y la cuantía que, en términos económicos, supone ello".

El documento no cuantifica el número de expedientes no encontrados, total o parcialmente, y si esta importante dificultad fue o no tenida en cuenta en la denuncia efectuada por el Gobierno del PP el pasado mes de enero. Tampoco se dice si ha influido o no a la hora de señalar las nuevas cantidades que, según asegura Costa y niega el PSOE, Hacienda no podrá cobrar porque la inspección dejó pasar algunos plazos. El asunto está, no obstante, pendiente de una segunda sentencia del Tribunal Supremo al respecto.

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Según Hacienda, el total de expedientes prescritos es de 4.601 (5.244, según el primer informe remitido al Congreso hace dos semanas) y la deuda asciende a 200.676 millones de pesetas (202.073, en un primer momento). Alguna variación puede obedecer, según el documento, a que en la primera lista se incluyeran 94 expedientes que, pese a estar prescritos según el criterio de Hacienda, abonaron la deuda. La cantidad es de 1.625 millones de pesetas.

Correcciones

Este extremo no se especifica ahora, aunque sí es palpable que la nueva documentación remitida por Hacienda pretende corregir los graves errores que detectó este periódico (véase EL PAÍS del 7 de abril) y denunciaron Izquierda Unida y el PSOE. Hacienda lo negó.

Así se desprende del contenido del segundo documento importante enviado el pasado viernes al Congreso. Se trata de un nuevo listado de los expedientesque corresponden a la Oficina Nacional de Inspección (ONI) de Madrid y a la de Barcelona. Ahora sí que se tienen en cuenta aspectos como el periodo de alegaciones, la ampliación de las actuaciones y la fecha de notificación. Todo ello es clave para determinar la prescripción o no de los expedientes.

Hay un tercer documento que, en realidad, es una sola página. Se trata de la petición efectuada por Izquierda Unida sobre un documento relativo a La Caixa. La respuesta de Hacienda es que "no consta en los archivos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria informe técnico a ese respecto". En concreto, se trata del informe que en su día [en la etapa socialista] avaló "el desistimiento en la continuación del proceso" contra la entidad financiera por el presunto fraude de las primas únicas.

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