Encarcelado por vez primera en España un empresario por delito ecológico

Josep Puigneró, un importante empresario del textil de Cataluña, se convirtió ayer en el primer industrial de España que ingresa en la cárcel para cumplir una condena de cuatro años por delito ecológico, la más alta de las impuestas por los tribunales. El industrial ha intentado convencer a la Audiencia de Barcelona, que lo condenó por verter aguas sin depurar, de que suspendiera la condena mientras se tramitaba el indulto. Los jueces se han opuesto básicamente por dos motivos: porque su salud no peligra en prisión y porque su conducta indica que no hay propósito de enmienda, al tener pendientes otras causas por delito ecológico. Ayer, a las ocho de la tarde, el industrial entró en la cárcel de Brians.

Puigneró, de 66 años, llegó al penal en una furgoneta, de la que descendió para entrar caminando en el recinto, próximo a Barcelona y en el que también cumple condena el ex consejero de Economía de la Generalitat Jordi Planasdemunt.Enlos últimos días la defensa de Puigneró ha intentado convencer al tribunal de la Sección Octava de la Audiencia de la bondad del industrial y de la gravedad de la enfermedad cardiovascular que padece. Por ejemplo, el pasado martes depositaron un aval de 25 millones de pesetas en una cuenta bancaria para cubrir las responsabilidades de la regeneración del acuífero y los pozos y captaciones de agua que resultaron contaminados por los vertidos incontrolados al río Sorreig, un afluente del Ter.También aportaron una escritura pública que reflejaba la contratación de los servicios de una empresa que se encargaría de los trabajos necesarios. Nada de ello ha convencido al tribunal, como tampoco ha influido la presentación de informes médicos que apuntaban un delicado estado de salud. En este sentido, el tribunal ordenó el reconocimiento del industrial por un médico forense que le examinó el pasado martes y que, según el auto que ordena el ingreso en prisión, dictaminó que "no presenta ninguna alteración objetiva ni sintomatología cardiorespiratoria". El tribunal añade que la hipertensión arterial que padece Puigneró puede ser controlada por los servicios médicos de una cárcel.

Otras causas

Argumenta el auto, además, que el fin de la pena de prisión tiene sentido ya que no se trata de un caso en el que el cumplimiento efectivo de la condena esté alejado de la finalidad de la sentencia. Creen los jueces que en el caso de Puigneró ocurre más bien lo contrario y que de su actitud se deduce que no tiene propósito de enmienda. El auto lo explica de esta forma: existe una "carencia reivindicativa de una acción restituidora en el agente [Puigneró], al encontrarse en la actualidad inmerso en similares acciones antiambientales -en dos juzgados de Vic y otra en el Tribunal Superior-".

Por todo ello, los jueces declinan concederle el beneficio de la suspensión de la condena mientras se tramita la petición de indulto. Ésta fue la postura de la fiscalía de Barcelona y del Grupo de Defensa del Ter, que denunció inicialmente las actividades contaminadoras y que en el proceso ejerció la acción popular.

De la decisión de ordenar el ingreso en prisión del industrial se deduce que al tribunal no le ha afectado la ofensiva desatada desde distintos ámbitos para evitar que Puigneró entrará en la cárcel. Desde el obispo de Vic, Josep Maria Guix, hasta los propios trabajadores de la empresa Hilados y Tejidos Puigneró, pasando por alcaldes de la zona, la Cámara de Barcelona y la patronal catalana de Fomento del Trabajo, coincidieron en pedir el indulto del empresario. Su postura, además, subrayaba que el ingreso en la cárcel del empresario debía suspenderse porque podía peligrar la actividad de la industria puesto que Puigneró sigue efectivamente al mando de ella.

El argumento del peligro de los puestos de trabajo y de la actividad de la firma fue esgrimido por el propio Puigneró al saber que el Tribunal Supremo había confirmado los cuatro años de cárcel. Días más tarde, no obstante, el industrial matizó que ello no ocurriría, si bien también expresó su decepción porque la Generalitat no pedía su indulto. Esto último fue descartado por el propio presidente Jordi Pujol, quien afirmó que la condena tenía un valor "ejemplarizante".