No podemos cruzarnos de brazos

"Si no te arriesgas corres más peligro" (Erika Jong)Cualquier persona preocupada por la educación ha sido testigo de declaraciones y contradeclaraciones de los responsables de Educación y Cultura, empezando por la propia ministra, y de una serie de iniciativas (circular de principio de curso, presupuestos, decreto de ampliación de conciertos, decreto de admisión de alumnos, proyecto para modificar los requisitos mínimos de los centros ... ) que nos han llenado de preocupación, cuando no de alarma.

Lo declarado por Esperanza Aguirre lleva a la conclusión de que, con su ideología liberal, le gustaría que la educación dejase de estar regulada por el Estado y, como cualquier otro sector de la economía, se rigiese por las leyes del mercado, esto es, el juego de la oferta y la demanda. Filosofía en la que se da una natural coincidencia con los sectores empresariales más dinámicos, que, bajo la tutela ideológica de un converso tan significado como Ramón Tamames, exigen un cambio radical del actual modelo de financiación promocionando como alternativa el sistema de desgravación fiscal.

Las medidas aplicadas por el ministerio, empezando por las presupuestarias, tienden a dejar bajo mínimos la red pública, a vaciar de contenido los aspectos más progresistas de la reforma y a favorecer, unas veces de manera más sutil, otras de forma más grosera, la progresiva privatización de la enseñanza. La enseñanza pública ha experimentado en los últimos 20 años un avance cuantitativo y cualitativo incuestionable, la mayoría de las veces gracias a la profesionalidad de los docentes y el compromiso de la comunidad educativa. Este avance, lento y en ocasiones contradictorio, ha estado en consonancia con la modernización del país y ha colocado a España en las puertas de una cada vez más cercana homologación europea.

Pero queda mucho camino por recorrer para saldar el retraso, para dar el salto de calidad que la sociedad demanda. Está por conseguir la aplicación de las reformas en condiciones de calidad, la potenciación del sector público como vertebrador del sistema, en un marco autonómico razonablemente articulado, y un sistema de financiación de la enseñanza blindado respecto a los vaivenes políticos y las coyunturas económicas. Si ahora prosperan las políticas que. se han venido anunciando y ya se han empezado a aplicar, sufriremos un retroceso histórico que, sin caer en el tremendismo, sumirá al sistema educativo y, por extensión, al país en un hoyo del que será difícil salir.

Está en juego si se opta porque sea el sistema público el que garantice la universalización de la enseñanza, su capacidad de integración y de compensación de desigualdades, o es el mercado el que regula la oferta educativa; están en juego las mismas condiciones de vida y de trabajo de los profesionales, cada vez más presionadas por estas políticas que promocionan la competencia entre enseñanza pública y privada y por el descenso de la natalidad; en definitiva, está en juego el modelo educativo del país.

Convendría tener en cuenta las recomendaciones de Jacques Delors en el Informe de la Unesco a propósito de que "la educación es un bien colectivo al que todos deben poder acceder", y que el político "no puede comportarse como si el mercado fuera capaz de corregir, por sí solo, los defectos existentes, o como si una autorregulación bastara para hacerlo". Por ello considero indispensable pasar a la movilización si no, queremos que luego sea demasiado tarde y se imponga, en medio de la resignación y el lamento, la ley de la selva. Manifestar notoriamente nuestro rechazo es el único camino que nos queda si pensamos que debemos hacer algo por evitar los riesgos reales que se ciernen sobre el sistema educativo.

Fernando Lezcano es secretario general de la Federación de Enseñanza de CC OO.