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Los universitarios de 27 países europeos podrán convalidar sus estudios

Firmado en Lisboa un convenio del Consejo de Europa

Veintisiete, países del Consejo de Europa suscribieron el viernes en Lisboa el convenio sobre el reconocimiento de las cualificaciones de la educación superior, que permitirá la convalidación de estudios entre los estados firmantes y, en consecuencia, la movilidad de los estudiantes, el acceso a la universidad y la futura ocupación de puestos de trabajo. España dejó para más adelante la firma del acuerdo, ya que necesita autorización del Consejo de Ministros y ratificación parlamentaria.

Los representantes del Consejo de Europa (del que forman parte 40 países) destacaron la importancia del convenio, que "supone un hito en la historia de la enseñanza, de forma que los estudiantes puedan convalidar y proseguir sus estudios en los países de acogida sin discriminación de ningún tipo". El australiano Colin Power, adjunto para Educación al director general de la Unesco, Federico Mayor Zaragoza, subrayó la importancia política del acuerdo, "que abre las puertas y establece los mecanismos necesarios para la convalidación de estudios. Se trata de una cuestión de derechos humanos en un mundo cada vez más multinacional.

El convenio establece "el reconocimiento de las cualificaciones de refugiados, personas desplazadas y personas asimiladas a los refugiados". Cada país "adoptará todas las medidas posibles y razonables, en el marco de su sistema de educación, y de conformidad con sus disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, para adoptar procedimientos que permitan evaluar con equidad y profundidad si los refugiados, las personas desplazadas y las personas asimiladas a los refugiados reúnen los requisitos pertinentes de acceso a la educación superior, o a pro gramas complementarios, o a actividades laborales, aun cuando no se puedan presentar pruebas documentales de las cualificaciones obtenidas en una de las partes".

Red de información

El convenio entrará en vigor a medida que los países ratifiquen su firma, para lo cual se creará una red europea de intercambio de información que permita una rápida confirmación de la procedencia y veracidad de los estudios de origen. Este comité intergubernamental controlará estos trámites, serán instalados centros de información en todos los estados asociados y se tratará de homogeneizar el tratamiento entre todos los países, aunque cada uno será soberano para tomar las decisiones que estime oportunas. No obstante, cada país dispondrá de un mecanismo de apelación contra las decisiones que no sean consideradas justas por los solicitantes.Asimismo, el convenio establece un estricto control de los "títulos franquiciados"; es decir, de instituciones que ofrecen una enseñanza deficiente, pero cuyos diplomas son certificados por una universidad o centro extranjero asociado. Esta pretensión española fue aceptada por el Consejo de Europa, que ha regulado el caso en los siguientes términos: "A efectos de la admisión de programas de educación superior, cada parte (país) puede condicionar el reconocimiento de las cualificaciones conferidas por instituciones educativas extranjeras que funcionen en su territorio a requisitos específicos de su legislación nacional o a acuerdos específicos con la parte de origen de dichas instituciones".

El acuerdo persigue de forma prioritaria reemplazar los convenios existentes entre sus diferentes miembros europeos por separado y evitar "una duplicación innecesaria de esfuerzos".

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