El fiscal ve delito ecológico en el escape químico de enero
La Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha pedido al juez Rafael Mozo que cite e interrogue en calidad de imputados de un delito ecológico al director y al consejero delegado de la industria Algry, donde el 13 de enero se produjo un escape de sustancias químicas que hizo cundir el pánico en la zona norte de la capital. El accidente que se declaró en este laboratorio hizo saltar todas las alarmas y obligó a desalojar a 250 vecinos de la colonia de Valdedebas, situada en la avenida de Burgos (distrito de Fuencarral).La Fiscalía madrileña, que pretende elevar 15 preguntas a ambos directivos, ha solicitado, también por escrito, al juzgado que ordene "una inspección ocular" de la industria con el fin de verificar si sus instalaciones cumplen las medidas de seguridad exigibles en la ley.
El siniestro ocurrido en Algry, empresa filial del grupo Alter dedicada a la fabricación de aditivos para piensos animales, se produjo por "el descuido de un operario, que olvidó cerrar una válvula", según admitió entonces la empresa.
Un total de 500 litros de ácido clorhídrico se derramaron y otros 500 kilos de clorhidrato de trimetilamina entraron en contacto con la atmósfera formando una nube química que se extendió en un perímetro de un kilómetro. El tráfico fue cortado en las inmediaciones y una veintena de vecinos precisó asistencia sanitaria por escozor en los ojos y dificultades en la respiración.
El Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, que dirige Rafael Mozo, se encargó entonces de las pesquisas. Según fuentes de la investigación, la Fiscalía cree que dos directivos de esta industria, en concreto "el director y el consejero delegado o director de división" de Algry han podido incurrir en un delito ecológico del artículo 325 del vigente Código Penal, por lo que, de momento, ha solicitado que ambos testifiquen en calidad de imputados.
El citado precepto legal sanciona "con penas de prisión de entre seis meses y cuatro años", así como "inhabilitación especial" al que "contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones ( ... ) que puedan perjudicar gravemente el equilibro de los sistemas naturales. Si el riesgo fuese para la salud de las personas", precisa el Código Penal, "la pena de prisión se impondrá en su mitad superior".
El juez Rafael Mozo tendrá que decidir ahora si acepta la petición de la Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía de citar como imputados a ambos directivos. En caso positivo, ambos tendrían que acudir a los juzgados de la plaza de Castilla acompañados de sus respectivos abogados.
Queja municipal
El fiscal quiere que el laboratorio aclare la supuesta tardanza en alertar del accidente
El concejal de Bomberos y Protección Civil, Carlos López Collado, se quejó tras el accidente de la tardanza de los responsables de la empresa, enclavada en la avenida de Burgos (Fuencarral), en alertar del escape químico. El edil aseguró que Algry había tardado más de una hora en dar la señal de alarma.Un portavoz de Algry, Manuel Aguirre, reconoció días después del escape que la empresa carecía de permiso para almacenar en su interior trimetilamina, un producto corrosivo que intervino en la formación de la nube química.
No obstante, Aguirre señaló que los depósitos que contenían este producto, aunque no estaban registrados, habían sido sometidos a revisiones periódicas, la última en agosto de 1992 (véase EL PAÍS del pasado 30 de enero). "Que la trimetilamina no esté registrada", recordó este portavoz, " no significa que la empresa sea ilegal, sino que, simplemente, faltaba un trámite administrativo para el registro final. Es como si caduca el documentos de identidad y no se renueva a tiempo", explicó entonces Aguirre.
El fiscal Emilio Valerio también ha pedido por escrito al juzgado instructor que cite a los miembros del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) que inspeccionaron la industria y emitieron un informe sobre sus condiciones de seguridad. La idea del fiscal es que lo ratifiquen ante el juez. Fuentes jurídicas han asegurado que ese informe revela que la empresa incurrió en algunas irregularidades.
Los vecinos de Valdebebas, los más afectados por la nube química, presentaron en enero una denuncia ante la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid pidiendo que Algry cambiase su emplazamiento y se instalase en otro lugar menos habitado.
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