Un juez acusa de malversación a cuatro ex cargos de Trabajos Penitenciarios
Un juez de Madrid imputa a cuatro ex responsables de Trabajos Penitenciarios los delitos de maquinación para alterar el precio de las cosas, negociaciones prohibidas para funcionarios y malversación de caudales públicos. El cometido de este organismo, dependiente de Instituciones Penitenciarias, es proveer a los presos de materiales para que trabajen en los talleres de las cárceles y vender en el mercado sus productos.
Los imputados por el titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid, Rafael Botella, son Rafael Martínez Torrecilla, ex gerente de Trabajos Penitenciarios; Javier Serrano Ibáñez, ex técnico de mercadotecnia; Carlos Romero, ex jefe del servicio comercial, y Eduardo Cortés Gómez, ex coordinador de zona. Se les acusa de haber "interpuesto" una serie, de empresas, "en beneficios propio", en las transacciones comerciales de ese organismo.Según se deduce del auto judicial, la trama era la siguiente: los responsables de Trabajos Penitenciarios impusieron a los proveedores la obligación de vender primero sus productos a varias empresas intermediarias para que fuesen éstas las que después facturasen el mismo producto a ese organismo; eso sí, a un precio mucho más caro.
Las firmas interpuestas son Sagramóbel, Cajara, Grafimax, Rodolcar, Rodolsa, Edyma, Distribuciones M-3 y Maderas y Embalajes Mozo. "Estas sociedades", explica el juez en su auto, "carecían de actividad real y sus domicilios sociales se encuentran ubicados en domicilios particulares de sus socios".
En la red también. figuran como inculpados Sagrario Pinilla, representante de Maderas y Embalajes Mozo y cuñada de Serrano Ibáñez, y Rodolfo Carrillo Martín, administrador de otra empresa.
Casi 700 millones facturados
El juez no especifica el dinero presuntamente malversado, pero sí advierte que estas empresas fantasmas facturaron casi 700 millones de pesetas, entre 1991 y 1992, a Trabajos Penitenciarios.Sí explica, en cambio, varios de los supuestos chanchullos. Uno alude a la empresa Jaime Pastor, SL, que suministró entre enero y mayo de 1992 un total de 88.268 metros de tejido acrílico para la confección de colchas ,en los talleres de las cárceles. El material fue vendido por el proveedor inicial a las empresas Grafimax y Edima, que, a su vez, se lo vendieron a Trabajos Penitenciarios, pero con "un injustificado incremento" sobre el precio original cercano a los 35 millones. Asi, pues, ese organismo habría pagado por el mismo 35 millones menos de los que pagó si se lo hubiese adquirido directamente a Pastor, SL.
Uno de los imputados, Martínez Torrecilla pidió al juez durante la instrucción del sumario que se inhibiese en. favor del Tribunal Supremo por considerar que el entonces secretario de Estado para Asuntos Penitenciarios, Antoni Asunción, como presidente de ese organismo, tenía responsabilidad en los hechos. Sin embargo, el juez entiende que las acusaciones formuladas contra Asunción "carecen de relevancia jurídico-. penal".
El funcionario José Antonio Rodríguez Pena, uno de los investigados en este asunto, ha sido exonerado de toda responsabilidad.
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