El Gobierno promete un millón de empleos más en 4 años con el Plan de Estabilidad aprobado ayer

La incorporación de España al euro no implicará un fuerte sacrificio. El Plan de Estabilidad 1997-2000, que prevé un crecimiento del 3,2% anual y reducir el déficit al 1,6% del PIB, permitirá la creación de un millón de empleos en cuatro años, sin recortes en los gastos sociales ni en la inversión. Así lo aseguró, al menos, el ministro de Economía, Rodrigo Rato, al presentar el plan que ayer aprobó el Consejo de Ministros. El único esfuerzo anunciado es una subida de las tasas y de algunos impuestos indirectos como consecuencia de la prevista armonización en la UE, y una reducción de los gastos corrientes.

En contra de lo sucedido en países como Francia y Alemania, España conseguirá incorporarse al euro y mantenerse en él sin especiales esfuerzos. Al menos, es lo que se desprende del documento aprobado ayer por el Consejo de Ministros, cuyo fin es superar el examen de la moneda única y reducir la distancia con los países de economía más saneada.A juicio de Rato, el Plan de Estabilidad aprobado ayer "es realista y se asienta en bases sólidas". El beneficio más palpable que se derivará del mismo es la creación de empleo: "Alrededor de un millón de puestos de trabajo" en los próximos cuatro años, según Rato.

¿Algún sacrificio salarial? El discurso de años anteriores, según el cual los altos salarios perjudican seriamente al empleo, se ha esfumado. El plan aprobado estima que los sueldos crecerán por encima de la inflación en esos cuatro años, incluidos los deslizamientos. La idea fue aprovechada ayer de inmediato por los sindicatos de funcionarios para reclamar la subida salarial de este año.

Privatizaciones

Todo indica que el Ejecutivo ha perdido el miedo a la inflación, pese a que apuesta por una aceleración de la actividad económica. La previsión de un crecimiento del 3,2% como media de estos cuatro años implica subir un punto respecto a 1996. La inversión será el principal motor del relanzamiento, aunque con un menor optimismo respecto de la construcción.La inversión pública, tradicionalmente pagana de los ajustes del gasto llevados a cabo hasta ahora, tampoco sufrirá un recorte. Más bien aumentará en los próximos años, aunque teniendo en cuenta la aportación privada. Tampoco habrá recortes en las prestaciones sociales. Se aplicará del Pacto de Toledo en lo relativo a las pensiones y se acentuará la lucha contra el fraude.

El plan recoge también la promesa electoral del PP de rebajar la presión fiscal en los próximos años. En concreto, se reformará el impuesto sobre la renta para la "adecuación de las estructuras de tarifas y tipos máximos" a los de la UE. La rebaja incidirá sobre las. rentas del trabajo y se perseguirá favorecer el ahorro. El documento no explica si habrá un recorte de las deducciones, aunque la previsión de que los ingresos públicos bajarán en relación al PIB no lo exigiría.

El único susto que se puede esperar de este plan en próximos años es la subida de las tasas y precios públicos y el aumento de algunos impuestos indirectos. Rato restó importancia a ambos aspectos. Sobre las tasas explicó que se trata de que los usuarios de determinados servicios públicos no esenciales -lo que excluye la sanidad- paguen por su utilización.

En cuanto a los impuestos especiales, no especificó ni el cuánto ni el cuándo, pero dijo que en algún momento habrán de armonizarse en la UE, lo que abre la vía a subidas en carburantes, alcohol y tabaco. El secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, también se refirió ayer a dicha armonización.

Rato ciñó al capítulo de gastos corrientes el ajuste necesario para cumplir el objetivo de reducir el déficit público hasta el 1,6% del PIB y la deuda hasta el 65,3% en el 2000. La reducción de tipos de interés, la racionalización del gasto sanitario y, las privatizaciones son los instrumentos que permitirán, según el plan, lograr esos objetivos. Rato explicó que, salvo los servicios públicos esenciales, todo es privatizable de aquí al 2000, ya que el Gobierno está "más interesado en la liberalización de mercados que en la titularidad de las acciones".

En cuanto a la comisión parlamentaria que investiga los expedientes de Hacienda, el- vicepresidente acusó al PSOE de estar interesado en que "se cierre". Pese a ello, Rato cree que de la documentación remitida hasta ahora por Hacienda se desprende "que los responsables políticos [del PSOE] sabían lo que pasaba, que los efectos de esta negligencia afectaron a un número pequeño de contribuyentes y que es mucho dinero".