Una ley para ganar transparencia en las ventas a plazos
El Gobierno también aprobó el proyecto de ley sobre Ventas de Bienes Muebles a Plazos que persigue dar mayores garantías tanto para compradores como para vendedores. La norma, que tendrá que ser aprobada por el Parlamento, exige que los contratos especifiquen el importe del desembolso inicial y la parte que se aplaza. Además, para el que consumidor pueda comparar, debe consignarse el precio del producto en el caso de que se hubiera pagado al contado. Tienen que constar también las condiciones financieras, la periodicidad de los pagos, la expresión del TAE (tasa anual equivalente) y el coste total del crédito.La norma persigue también reforzar los derechos del empresario en el caso de impago al conceder a los contratos inscritos en el Registro de Ventas a Plazo de Bienes Muebles fuerza ejecutiva. Esto significa la posibilidad de juicio ejecutivo, es decir, un proceso rápido que no necesita otra prueba que la presentación. del propio contrato. Para que estos contratos tengan fuerza ejecutiva deben constar en escritura pública o póliza intervenida por un corredor de comercio. La ejecutividad se puede aplicar también a los contratos de leasing o arrendamiento financiero, siempre que cumplan las condiciones.
El anteproyecto, que viene a sustituir la ley de 1965 que obligaba a un desembolso inicial. Se suprime, además, la obligación de realizar un desembolso inicial como condición necesaria para formalizar un contrato de este tipo. Se contempla igualmente un régimen de penalizaciones al vendedor en el caso de que omita algunas de las cláusulas que deben figurar en el contrato.
El Gobierno aprobó ayer también el reglamento que desarrolla la Ley del Impuesto de Sociedades del año 1995. En él se contempla un nuevo régimen para la valoración de operaciones vinculadas, es decir, aquellas entre sociedades de un mismo grupo. Se regulan los procedimientos para la valoración de esas operaciones que suelen consistir en compraventas de bienes, servicios o préstamos, así como las deducciones que se pueden aplicar.
En cuanto a las amortizaciones, el reglamento se adecúa a la nueva forma de determinar la base imponible del impuesto de sociedades en base al resultado contable, como se estableció en la ley. Se desarrolla también la provisión para insolvencias que pueden aplicar las entidades financieras, así como las exenciones fiscales por reinversión.
Se modifican por último algunos aspectos del Reglamento de la Ley del IRPF. En concreto, se permiten las compraventas de strips de deuda pública sin la retención fiscal del 25%. Estas operaciones consisten en el intercambio de bonos y obligaciones troceados que, a partir de ahora, podrán llevarse a cabo sin la intervención de Hacienda.
