El Gobierno basa su Plan de Estabilidad en las privatizaciones y en la liberalización económica

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy el Plan de Estabilidad (Programa de Convergencia 1997-2000) con el que España debe incorporarse al euro y mantenerse en el club de los países rigurosos. El plan, que continúa las medidas y reformas estructurales ya iniciadas por el Ejecutivo, apuesta por un escenario de fuerte crecimiento económico (3,2% de media) basado en el consumo y, sobre todo, en la inversión privada. El plan apenas concreta las medidas que enumera y se sustenta básicamente en la lucha contra el fraude (social y fiscal), los ingresos por privatizaciones y la liberalización de sectores. Promete, además, bajar los gastos corrientes y la presión fiscal (aunque se generalizarán las tasas) y crecer en inversión pública.

El ministro de Economía, Rodrigo Rato, tiene previsto presentar públicamente hoy este programa a cuatro años. El miércoles, el secretario de Economía, Cristóbal Montoro, lo hizo a un grupo de analistas. En esta reunión se resaltó la falta de concreción de las medidas que se recogen en él. También el miércoles se envió a la Comisión Europea, ya que responde al compromiso de estabilidad asmumido por los países que logren incorporarse al euro en el primer examen (primavera de 1998).Se trata de un plan a cuatro años recogido en un amplio informe con un anexo especial dedicado a las medidas que se piensan adoptar para alcanzar los objetivos marcados. Unas medidas que continúan la línea marcada con las primeras adoptadas por este Gobierno. Las principales son las siguientes:

Gasto público. El objetivo es reducir el peso del gasto público en el PIB. El plan comprende sobre todo medidas para limitar el crecimiento del gasto corriente, ya que la inversión pública aumentará su peso en relación al PIB y se mantendrá el gasto social. El documento señala que se intensificará la racionalización de las Administraciones Públicas y limitará el gasto sanitario y farmacéutico, que representa un tercio de los pagos totales, aunque no señala cómo. Habrá, además, un nuevo Estatuto de la Función Pública.

Prestaciones sociales. Se intensificarán las medidas de control del fraude y se aplicará lo acordado en el Pacto de Toledo.

Empresas públicas. Prevé culminar en dos años el saneamiento del sector público empresarial para poder enajenarlas en línea con el plan de privatizaciones. Así pretende reducir la financiación del Estado.

Ingresos. La política tributaria se centrará en la lucha contra el fraude fiscal. Habrá una reforma en profundidad del impuesto sobre la renta "de acuerdo con las últimas tendencias de la UE". La fiscalidad de las rentas del trabajo y del capital se reducirá. Se revisará, asimismo, el sistema de tributación de las pequeñas y medianas empresas, mediante medidas financieras, de formación, de fomento a la internacionalización y de simplificación administrativa. También se modificará la fiscalidad indirecta (IVA e impuestos especiales), así como el sistema actual de tasas, de forma que se pague por la utilización de determinados servicios públicos que no se concretan.

Las reformas estructurales, que se recogen en un anexo al plan de convergencia 1997-2000, son las siguientes:

Mercado de trabajo. Aplicación del acuerdo alcanzado entre la patronal CEOE y las centrales sindicales UGT y CC OO.

Sistema financiero. Las medidas se encaminan en dos direcciones: la ampliación de la gama de instrumentos de financiación empresarial y el impulso al ahorro estable a largo plazo. En esta línea, se mejorará la Ley sobre Régimen Jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca, habrá una nueva ley reguladora del sector de capital-riesgo, y se facilitará que los fondos de inversión puedan destinar parte de su patrimonio a financiar a las pymes. Se reformará la Ley de Planes y Fondos de Pensiones para dar más liquidez a este instrumento de ahorro y mejorar su fiscalidad, con especial atención a los planes de empleo.

Telecomunicaciones. Habrá una nueva Ley General de Telecomunicaciones. A partir de enero de 1998. los operadores de cable podrán dar servicio de telefonía en sus correspondientes demarcaciones. El Gobierno remitirá al Parlamento el proyecto de ley de televisión local por ondas terrestres así como una nueva ley de televisiones autonómicas.

Suelo y vivienda. Nueva Ley del Suelo, actualmente en preparación por el Gobierno.

Transportes, carreteras y puertos. Reformas dirigidas a facilitar la entrada de nuevos competidores. Se modificará la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres, la de Puertos del Estado y la de la Marina Mercante y habrá una Ley de Aeronáutica Civil.

Tabacos. Aumento paulatino de la competencia en el sector, mediante la modificación de la Ley del Monopolio Fiscal de Tabacos.

Privatizaciones. Durante 1997 se EL PAÍS llevarán a cabo los siguientes procesos de privatización de empresas públicas, además del de Telefónica, ya efectuado. Saldrán al mercado Telefónica Internacional (TISA), Aldeasa, Retevisión, Repsol y Endesa. Como consecuencia de todas estas privatizaciones, incluida Telefónica, el Estado espera ingresar este año 1,6 billones de pesetas. Estos ingresos se destinarán sobre todo a la reducción del endeudamiento. Para los años siguientes, el plan no concreta un calendario de privatizaciones.

Otras medidas. Propone un código ético para mejorar el funcionamiento de los consejos de administración. El plan recoge también la aprobación del Estatuto del Contribuyente, en tramitación parlamentaria, y un nuevo Estatuto del Usuario de los Servicios Públicos.