Garzon pide al Cesid datos de españoles que fueron víctimas de la dictadura argentina
El juez Baltasar Garzón pidió ayer al Centro Superior de Información para la Defensa (Cesid) que le remita toda la información de que disponga sobre los 600 españoles desaparecidos en Argentina durante la dictadura militar (1976-1983) en ese país. En su providencia, el titular del Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional, que investiga ese caso, requiere del Cesid que le indique de qué datos dispone, así como si todos o parte de ellos tienen el carácter de secretos para, de ser así, iniciar los trámites relativos a su desclasificación como tales.Según publicó el diario El Mundo el pasado día 3, el Cesid microfilmó en mayo de 1983 las fichas de esas personas antes de que fueran depositadas en unas cajas de seguridad de un banco de Lugano (Suiza), hasta el que fueron trasladadas por carretera. Siempre de acuerdo con su versión, los documentos llegaron a Madrid desde Argentina a finales de dicho mes en dos aviones Hércules C 130 que aterrizaron en el aeropuerto de Barajas.
La embajada española en Buenos Aires comunicó el pasado sábado a las autoridades argentinas que el Estado español no dispone de esas microfichas. A su vez, el propio Cesid afirmó ayer en un comunicado que "no hay constancia ni documental ni personal de que exista ni haya existido microfilm alguno en el centro sobre el archivo de los desaparecidos".
No obstante, el Grupo de Apoyo en España a Madres de la Plaza de Mayo solicitó al magistrado que acordase el secuestro de la documentación supuestamente depositada en la aludida entidad bancaria helvética y que exigiera que sea desclasificada. Precisamente, Garzón ha citado para mañana, jueves, a los periodistas autores de la información de El Mundo, Antonio Rubio y Manuel Cerdán, para que declaren sobre ella.
Mientras tanto, Garzón ha recibido un escrito de la procuradora general de Suiza en la que se le demanda que concrete su solicitud de información acerca de varias cuentas bancarias a nombre de militares argentinos supuestamente implicados en las desapariciones y así poder satisfacer su petición de una comisión rogatoria (ayuda internacional).
Un policía se aviene a declarar
El presidente argentino, Carlos Menem, advirtió ayer a los tribunales españoles que su Gobierno rechazará cualquier intento de juzgar a militares de su país -beneficiados por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final- por presuntas violaciones graves de los derechos humanos. "Aquí ya ha habido juicios y sentencias y no vamos a permitir que sean juzgados por las mismas causas imputados que ya fueron condenados", dijo.Sin embargo, Alberto Vitantonio, comisario, se manifestó dispuesto a presentarse en el consulado español en Rosario (Santa Fe) para declarar por los delitos de los que se le acusa y de los que se considera inocente. Vitantonio, procesado por Garzón junto a otros dos agentes de su ciudad y el ex presidente Leopoldo Galtieri y que en la actualidad es el segundo jefe del departamento policial de Logística, se convierte de ese modo en el primer integrante de las Fuerzas de Seguridad de la dictadura dispuesto a testificar.
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