Urralburu y Alli declaran ante la comisión de la autovía Vitoria-Pamplona

El ex presidente navarro Juan Cruz Allí rechazó ayer cualquier participación en la adjudicación de obras de la autovía que une Pamplona y Vitoria, en la que el órgano fiscalizador de esta comunidad, la Cámara de Comptos, descubrió importantes irregularidades, incluyendo un 33% de aumento presupuestario -más de 13.000 millones en total- sobre el precio de adjudicación, así como anomalías en la contratación de los servicios de seguridad.Estas irregularidades motivaron la creación por el Parlamento navarro de una comisión de investigación. Ayer comparecieron ante ella dos ex presidentes de Navarra: el socialista Gabriel Urralburu y Juan Cruz Alli, antiguo líder de Unión del Pueblo Navarro y ahora cabeza de Convergencia de Demócratas Navarros (CDN). La autovía se construyó bajo los mandatos de ambos.

Allí achacó la responsabilidad de la contratación de los tramos III y IV del proyecto al departamento de Obras Públicas y a su consejero, José Ignacio López Borderías, y aseguró que, cuando a finales de 1991 UPN llegó al Gobierno navarro, los procesos de contratación heredados del PSE estaban muy avanzados.

Ante esta comisión investigadora declaró también ayer el ex presidente socialista Gabriel Urralburu, bajo cuyo mandato su consejero de Obras Públicas, Antonio Aragón, adjudicó los dos primeros tramos de esa obra.

Urralburu, que permaneció durante más de una hora ante la comisión, se limitó a su salida a confirmar que había contestado a las preguntas de los parlamentarios y a señalar que se encontraba bien de ánimo. El ex presidente navarro está procesado, junto a Aragón, por el presunto cobro de comisiones ilegales en la adjudicación de obras públicas.

El informe fiscalizador de la llamada autovía de la Barranca revela que en el periodo socialista se adjudicaron tramos de obra contra el parecer de los informes técnicos y que el entonces máximo responsable de la comandancia de la Guardia Civil de Navarra, el coronel Javier González de Lara cobraba 400.000 pesetas mensuales de la empresa privada Segurisa por la coordinación del dispositivo contra las amenazas de ETA.