El sustituto del gobernador mantendrá las competencias de orden público
La figura de los subdelegados que sustituirá a los gobernadores civiles mantendrá las competencias de orden público. Así se desprende de las declaraciones del ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, en la presentación de la reforma de la Administración periférica. Anunció que el 5 de mayo desaparecerán los gobernadores y se nombrarán los subdelegados y añadió que apenas habrá cambios en las personas porque el Gobierno nombró a los gobernadores con el perfil de los subdelegados.
Rajoy se reunió ayer con los delegados del Gobierno para notificarles que el 5 de mayo desaparecerán los gobernadores civiles y serán sustituidos por los subdelegados del Gobierno. Es la nota más destacada de la reforma de la Administración periférica, prevista en la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (Lofage), recientemente aprobada en las Cortes, y que, según explicó el ministro, es la primera reforma global del Estado puesta en práctica en España".Con esta reforma, los delegados del Gobierno pasan a asumir el control político de la Administración del Estado en la comunidad autónoma con la acumulación de competencias que anteriormente estaban en manos de los gobernadores civiles o dispersas en distintos organismos. También tendrán competencia para nombrar a los subdelegados, la figura que sustituye a los gobernadores, que serán funcionarios de carrera, así como para fijar los ervicios mínimos en una huelga.
Límites
No obstante, la reforma tiene un límite, pues los subdelegados del Gobierno mantienen una competencia clave de sus antecesores, los gobernadores civiles: el control del orden público. Aunque la titularidad de esta competencia corresponde al delegado del Gobierno, éste podrá delegarla a los subdelegados, según reconoce el texto de la Lofage. Rajoy aclaró que sería lo lógico, excepto en las capitales de las comunidades autónomas, dónde reside la Delegación del Gobierno.La excepcionalidad que una disposición adicional de la ley, introducida a propuesta de CiU, otorga a las comunidades con policía propia -Cataluña y País Vasco- queda neutralizada en el propio texto. La propia disposición adicional deja abierto el portillo a que los delegados del Gobierno puedan descentralizar la función policial en los subdelegados.
Esta cuestión apenas tiene relieve en el País Vasco, donde la Ley de Seguridad Ciudadana arrebató a los gobernadores civiles y, por tanto, a sus sustitutos, los subdelegados, la competencia de orden público. Pero en Cataluña, donde la Policía autónoma aún no ejerce esta competencia de manera plena, los subdelegados podrán ejercerla con la excepción de Barcelona, sede del delegado del Gobierno, según admitió ayer Rajoy.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Archivado En
- Derecho constitucional
- Mariano Rajoy
- Declaraciones prensa
- Reforma administración
- MAP
- VI Legislatura España
- Gobierno de España
- Orden público
- Funcionarios
- Relaciones administraciones
- Seguridad ciudadana
- Función pública
- PP
- Legislaturas políticas
- Ministerios
- Ayuntamientos
- Partidos políticos
- Derecho
- Gobierno
- Gente
- Legislación
- Administración Estado
- Administración local
- Justicia
- Administración pública