El sistema de Conde

MARIO CONDE, el banquero que se presentaba, y era presentado por su propio aparato mediático, como abanderado de la regeneración ética y paladín de la resistencia de la sociedad civil frente a los abusos del poder, fue condenado ayer a seis años de cárcel por apropiación indebida de 600 millones, suma que deberá devolver a Banesto. La sentencia es apelable ante el Supremo en el plazo de cinco días. Conde está también acusado de estafa en otro sumario que investiga operaciones por un importe global de unos 14.000 millones, en las que habría utilizado presuntamente sociedades interpuestas para lucrarse personalmente -junto a varios ex directivos del banco- a expensas de la entidad que presidía. La condena de ayer se refiere a un asunto colateral al sumario principal, pero resulta ilustrativo del modus operandi del autor de El sistema, obra en la que culpaba de su desgracia a maquinaciones políticas de diverso signo.La primera noticia sobre esta historia apareció en EL PAS el 7 de abril de 1994. Allí se daba cuenta de que Banesto había pagado 600 millones de pesetas a Argentia Trust por trabajos inexistentes relacionados con la Corporación Industrial Banesto. Tras conocerse la información, el entorno de Mario Conde difundió que se trataba de un pago a Antonio Navalón, asesor de Conde en 1990, para que consiguiera, a través de contactos con políticos del PSOE, determinadas exenciones fiscales vinculadas a la creación de la Corporación Industrial Banesto. Que ésta era una versión oficial del entorno de Conde vino a confirmarse tres meses después, cuando el ex banquero declaró en una entrevista publicada el 27 de junio de 1994 lo siguiente: "Había que vencer el clima político creado por Solchaga, pagamos los 600 millones y conseguimos las exenciones. Eso es todo".

Pero la factura del supuesto pago a Argentia Trust nada decía de exenciones fiscales y, en cambio, se refería a gestiones para una colocación de acciones de la Corporación Industrial. No existió nunca soporte documental de estos trabajos. Tampoco se sometió a la comisión ejecutiva del banco el contrato, que, según el ex banquero, fue verbal. Conde tenía los poderes para disponer el pago, pero sus obligaciones como administrador le imponían acreditar los servicios que pagaba. Nunca lo hizo y cuando públicamente habló de ello dio versiones contradictorias.

La sentencia, redactada por el magistrado Ventura Pérez Marino, no sólo describe a un mal administrador, sino que encaja la desaparición de los 600 millones en el tipo, de apropiación indebida. Para que exista este delito -diferente al hurto o al robo, etcétera, aunque el efecto sea el mismo- no es necesario que el acusado sea sorprendido metiendo la mano en el cajón. La distracción de fondos de una sociedad en beneficio propio, normalmente mediante el recurso a sociedades interpuestas, sería la forma más típica de la apropiación indebida en los tiempos actuales; sin embargo, según la sentencia, "esta práctica, denominada por algunos ingeniería financiera, no es más que una añagaza, similar en cuanto a sus resultados al que se apodera de 600 millones de pesetas de la caja de un banco, de la que tiene llave por ser administrador, y se los lleva a su bolsillo. Aquí no toma el dinero materialmente, pero lo pone a buen recaudo a su disposición".

El propio Conde fue el verdadero promotor del caso. Frente a la acusación de pagar por trabajos inexistentes pretendió tender una cortina de humo con los pagos políticos. La sentencia- constata que no se ha presentado prueba alguna que avale tales tráficos y afirma: "Si bien es posible que efectivamente Conde informase ( ... ) a determinados periodistas que le entrevistaron en ese sentido, [ello] no sería más que una argucia en orden a justificar una disposición de dinero, de cuyo fin no ha dado una explicación coherente". De donde se deduce que quienes aseguraron que el poder político había "instrumentalizado la crisis de Banesto para desembarazarse de un personaje incómodo", tal vez fueron instrumentalizados por Conde para enmascarar delitos como el de apropiarse de 600 millones de pesetas.