De hecho y de derecho

AUNQUE ES imposible sustraerse a la sensación de que el Gobierno y el Partido Popular están intentando aplazar sine die la elaboración de una ley que reconozca jurídica y socialmente a las parejas de hecho, no cabe duda de que es un asunto lo bastante serio como para debatirlo con serenidad, máxime cuando su solución ha sido postergada irresponsablemente durante varias legislaturas.La escaramuza parlamentaria del martes pasado, en la que PP y CiU consiguieron a la tercera votación, y por sólo dos, votos, rechazar las proposiciones de ley del PSOE e IU que pretendían regularizar este tipo de parejas, revela que el Gobierno y los diputados conservadores carecen de una idea clara sobre la materia. De ahí que propusieran finalmente crear una subcomisión que en un plazo máximo de tres meses elabore un nuevo texto legal. Si en ese término consigue el Gobierno presentar una ley consensuada, bienvenido sea el paréntesis. Si es sólo una táctica dilatoria, estará agravando la discriminación que padecen miles de ciudadanos españoles.

Las proposiciones del PSOE e IU pretendían dar respuesta a la desigualdad real que plantean al menos 150.000 parejas heterosexuales de hecho -es decir, no casadas o unidas por la Iglesia o- el juzgado-, y no menos de 100.000 parejas homosexuales, también de hecho, que conviven en España. En la legislación actual, estas uniones carecen de derechos reconocidos, lo que origina cuando menos situaciones de abierta injusticia. La futura ley ha de adecuarse a la realidad si no quiere dar carta de naturaleza a los ingredientes discriminatorios que perviven en la legislación vigente.

Cometería un error el Ejecutivo si cede a la tentación de minusvalorar la importancia de esta cuestión y pretende posponerla ad calendas graecas. Por el momento, el aplazamiento "para buscar un acuerdo parlamentario" podría ser interpretado como el deseo de PP y CiU de fijar el límite de aceptación en el reconocimiento de las parejas heterosexuales, que es precisamente el contenido de la ley que está preparando la Generalitat para el ámbito catalán y en la que se excluye a las parejas del mismo sexo.

Está claro que el reconocimiento de todas las parejas de hecho -homosexuales o heterosexuales- a efectos de pensiones, gastos de convivencia, asistencia sanitaria del o de la cónyuge y pensión de viudedad, puede originar un fuerte debate social. De ahí que, sea conveniente buscar un acuerdo amplio, pero siempre que los derechos de las personas no aparezcan, en última instancia, condicionados por sus preferencias sexuales. Ese punto determinará hasta dónde está dispuesto a llegar este Gobierno en el reconocimiento de las realidades sociales.

Es, paradógicamente, en el ámbito de las parejas heterosexuales donde pueden surgir los aspectos más polémicos desde un punto de vista jurídico. Si se igualan las condiciones de las parejas de hecho en materia de pensiones, sucesión o asistencia sanitaria, podríamos encontrarnos, según algunos expertos, ante una discriminación de las parejas con vínculos contractuales, puesto que con menos obligaciones se generarían los mismos derechos. Esta contradicción de carácter jurídico, que podría plantear incluso una cuestión de inconstitucionalidad, no puede ser infravalorada y exige un minucioso debate en sede parlamentaria. Siempre que exista, eso sí, voluntad política de encontrar una solución que no sea meramente coyuntural.

Lo peor sería que el Gobierno se escudara en la ausencia de consenso político o social para dejar las cosas como están, lo que mantendría la desprotección de las parejas no sancionadas civil o religiosamente. El reconocimiento legal es imperativo y el primer paso para corregir una desigualdad patente y una discriminación continuada.