La aplicacion de la ley para eliminar barreras a los minusválidos acumula dos años de retraso

La ley va para cuatro primaveras, pero poco a crecido. Los madrileños con movilidad educida o problemas sensoriales (unas 41.000 personas, un 17% de la población, según datos de la Comunidad de Madrid) disponen desde junio de 1993 de una normativa regional que pretende suprimir las barreras arquitectónicas y sensoriales que llegan a amargarles la vida. Pero el Consejo de Gobierno no ha aprobado aún ninguno de los seis códigos o reglamentos que debían desarrollar esa ley para poder ser aplicada. Hace casi dos años que el Gobierno está fuera de plazo. Ahora se tramitan tres de los seis documentos, y una comisión técnica elabora un plan para hacer de Madrid una ciudad accesible.

Por el momento, según la viceconsejera de Presidencia, Carmen Alvarez Arenas, sólo se ha despachado una modificación de la ley para dar cabida en el Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barre ras a la Consejería de Educación y a los colectivos de personas mayores.Actualmente se tramitan unas disposiciones técnicas para que los ayuntamientos apliquen la ley de manera homogénea y tres de seis documentos de desarrollo de la ley: el reglamento técnico (en fase de presentación de alegaciones por parte del consejo), el decreto que desarrolla el fondo de dinero público para aplicar la ley y el reglamento que desarrolla el régimen sancionador (estos últimos, en trámite de consulta a los sectores sociales).

Aún no se ha abordado la redacción de las normas para con ceder subvenciones para eliminar barreras. Álvarez Arenas promete que se comenzará a trabajar en ello en breve plazo. Las disposiciones de la ley estable cían además la obligación del Gobierno de elaborar un código de accesibilidad y un plan de control sobre la ejecución de las actuaciones.

"Francotiradores"

Álvarez Arenas arguye que cuando el Partido Popular llegó al Gobierno regional en 1995 no se había hecho nada. "Cuando yo me hice cargo de este asunto, en octubre de 1995, me costó incluso constituir el consejo, por que hubo problemas para encontrar la representación de los sectores afectados", explica. El vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Minusválidos de Madrid, Antonio Sánchez, avala la disculpa y señala que ahora se está trabajando mucho.El secretario general de la Fundación ONCE, Manuel Pereira, uno de los mayores expertos españoles en accesibilidad, considera fundamental una planificación de la eliminación de barreras. "¿Por qué se ha ido tan despacio en la eliminación de barreras?", se pregunta. "Se ha ido actuando en plan francotirador", responde; "una rampa aquí, un ascensor allá; hay que saber cómo estamos ahora, cómo y cuándo vamos a resolver los problemas y cuánto va a costar".

Pereira anuncia que una comisión de técnicos municipales madrileños, del Inserso y de la propia fundación va a realizar la radiografía de la situación en Madrid. Ese estudio se ha realizado ya en 60 municipios españoles. Pereira aboga por una cultura de la calidad urbana para todos.

La Comunidad de Madrid destina este año 1.747 millones de pesetas a la accesibilidad. Pero sólo 748,5 millones son inversiones directas en supresión de barreras en edificios -entre ellos, la plaza de toros de Madrid (10 millones de pesetas)-, subvenciones a la utilización de eurotaxis por discapacitados (ya hay 32 en Madrid y van a circular otros 14), la realización de cursos de lenguaje de signos y otras acciones formativas.

El resto, 997,85 millones, son actuaciones no finalistas; es decir, reservas de dinero para que las futuras obras de la Comunidad se construyan sin barreras. Por ejemplo, 365 millones se consignan para que las futuras estaciones de metro sean accesibles a todos.

Antonio Sánchez critica que se consideren "inversiones en supresión de barreras" actuaciones que la propia ley obliga a realizar en las nuevas obras del metro. "Entiendo que desde el punto de vista político les conviene", añade. La viceconsejera arguye que sale más caro realizar las obras sin barreras. Ahora existen seis estaciones de metro con 18 ascensores (Alto del Arenal y Miguel Hernández, en la línea 1; Moncloa, Ciudad Universitaria, Príncipe Pío y Lucero, en la línea 6).

El año pasado, el Gobierno regional destinó 800 millones de pesetas a mejorar la accesibilidad. Se gastaron en subvencionar la compra de autobuses de piso bajo (ya hay 175 vehículos y 16 pendientes de suministro, de una flota total de 1.850), impartir cursos de lenguaje de signos y eliminar barreras. Según Álvarez Arenas, no se puede conocer su grado de ejecución, porque están incluidos en otras partidas presupuestarias y llevaría días examinarlas una a una.

Por otra parte, la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales anunció ayer, en una nota, un Plan Integral para Personas con Discapacidad, que implicará "una mejora cuantitativa y cualitativa para las asociaciones que prestan servicios a discapacitados".