La Junta andaluza reclamará hoy la financiación ante el Constitucional

El Gobierno andaluz presentará hoy en el registro del Tribunal Constitucional el recurso contra el modelo de financiación autonómica por considerar que vulnera preceptos como los de igualdad y solidaridad, entre otros.Los consejeros de la Presidencia, Gaspar Zarrías, y de. Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez, serán los que entreguen las demandas contra las tres leyes que sustentan jurídicamente el sistema: las modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas; la de cesión de tributos del Estado y de medidas fiscales complementarias; y la ley de Presupuestos Generales del Estado de este año.

Los recursos cuentan con el visto bueno de los juristas que integran el Consejo Consultivo de Andalucía, quienes emitieron un informe, que no tiene carácter vinculante, avalando las tesis de¡ Gobierno autonómico.

Oferta de diálogo

Pese a la denuncia ante el Tribunal Constitucional, la Junta mantiene su oferta de diálogo con el Gobierno de la nación para intentar buscar una salida política al embrollo de la financiación.

A los recursos del Ejecutivo que preside Manuel Chaves le seguirán los del Parlamento andaluz, cuya Junta de Portavoces aprobará el próximo jueves los textos elaborados por los servicios jurídicos de la Cámara, después de incorporar las alegaciones presentadas por los grupos parlamentarios.

El Gobierno andaluz ha mantenido que recurriría la inconstitucionalidad del sistema pactado entre el PP y los nacionalistas catalanes independientemente de la apertura de nuevas vías de diálogo.

El dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, preceptivo para la presentación del recurso contra el nuevo modelo por parte de la Junta, estima que el sistema pactado entre el Gobierno y CiU es "insolidarío" y "antisolidario", y aprecia incluso más elementos de inconstitucionalidad de los que el Gobierno de Chaves impugna en sus recursos. Lo considera "insolidario" porque no incorpora ningún planteamiento corrector de las desigualdades existentes; y "antisolidario" al hacer posible "el aumento de los recursos financieros de las comunidades con más medios de manera proporcionalmente más elevada que el de las comunidades con menores medios".

El dictamen también expone que, al permitir la capacidad normativa sobre impuestos esenciales, como el IRPF, el modelo puede conducir a la "ruptura del equilibrio constitucional entre los principios de unidad y autonomía, pues hace posible que las comunidades con mayor capacidad económica condicionen la política estatal en un sentido potencialmente contrario, no sólo al principio de unidad sino también al principio de solidaridad".