Crece la contestación a los planes del Gobierno para cambiar la ley de aguas

La contestación a los planes del Gobierno sobre la política de aguas se extiende entre los grupos ecologistas y los partidos de la oposición. A las críticas de la Coordinadora de los ecologistas españoles (CODA) se sumó ayer la organización World Wildlife Found (WWF)-Adena, quien tras analizar el borrador M anteproyecto que reformará la Ley de Aguas (1985) detecta la apertura de "una peligrosa vía para comerciar con un bien público".

Adena advierte que no se puede mercadear con un bien público del que dependen los procesos ecológicos de las cuencas: "Dejar que el mercado regule el uso eficiente del agua no puede garantizar las consecuencias ambientales de cualquier actuación sobre ríos y lagunas sin marginar a los pequeños productores agrícolas".. La organización ecologista repara en la indefensión grave del medio ambiente, "pues no se contempla en el régimen de concesiones la necesidad de establecer un control para que no afecte al caudal ecológico". Tanto la creación de un banco del agua como el canon de ocupación del dominio público hidráulico tiene claros fines recaudatorio, según la organización ecologista quien señala que al tratarse de un recurso limitado el mercado de concesiones puede provocar un incremento local de su precio y que propietarios de concesiones ambiciosos desprecien el caudal ecológico y la recarga de los acuíferos.

En Murcia el PSOE e Izquierda Unida (IU) se manifestaron en contra de este proyecto al entender que beneficia a las grandes empresas agrarias. El Grupo Parlamentario Socialista regional pidió ayer la comparecencia urgente del presidente Ramón Luis Valcárcel para que explique su posición y retire su apoyo a José María Aznar " en todo lo referente a la modificación de la ley de aguas".

Cristóbal Aguado, presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores-ASAJA, mantuvo ayer una entrevista con el presidente Eduardo Zaplana para que traslade a la ministra Isabel Tocino la necesidad de consensuar el anteproyecto. Cree que, tal como está redactado, destila un "afán recaudatorio que haría imposible a la agricultura ser competitiva".

El ex ministro José Borrell añadió en Leida que los socialistas se opondrán a esta reforma: "No se pueden hacer presas de peaje y someter al campo a una incertidumbre que no pueda soportar porque el agua es un bien escaso", informa Lluis Visa.

Por otra parte, en Albacete se ha constituido una Plataforma por el control público del agua que pretende paralizar el plan municipal de privatizar los abastecimientos según el modelo que el PP ha aplicado en Toledo y Oviedo, informa Isabel Salvador. Detrás de la principal población de Castilla-La Mancha seguirán sus pasos los ayuntamientos de Cuenca y Talavera de la Reina.