El PP anuncia que se querellará contra el denunciante del 'caso Zamora' por difamación
El Partido Popular de Castílla y León anunció ayer la presentación de una denuncia por difamación contra Eduardo Corrales, constructor zamorano que ha implicado esta semana al presidente del Gobierno, José María Aznar, en el cobro de comisiones ilegales para conceder a otros empresarios obras y trabajos de la Diputación de Zamora cuando estaba residida por Alianza Popular. El portavoz del Gobierno, Miguel Angel Rodriguez, dio por hecho que la demanda derivará en una querella. Corrales replicó, primero, que no va a rectificar, pero luego matizó que no "ha acusado, ni denunciado, ni implicado a Aznar en el cobro de comisiones" ilegales.
Jesús Merino, secretario regional de los populares en Castilla y León, afirmó en una rueda de prensa que el PP también se querellará contra el actual presidente de la corporación provincial de Zamora, Antolín Martín, al que acusa de haberse confabulado con Corrales "debido a, una venganza política por haber sido expulsado del partido". Merino mostró su sorpresa porque las denuncias de presuntos cobros ilegales se conozcan "10 años después de haberse producido".En su comparecencia ante los medios de comunicación, Jesús Merino entregó un informe: "relativo a la situación patrimonial y judicial de Eduardo Corrales". En él se señala que actualmente se tramitan en Zamora diversos procedimientos judiciales contra el constructor. En el ámbito penal, señala el informe del PP, "han sido incoadas diligencias previas por presuntos delito de estafa continuada y falsedad en documento mercantil". El informe menciona otras causas contra Corrales por desacato, y tres juicios más en el ámbito civil.
Descalificación
Respecto a las críticas de la oposición socialista, Merino, que es también consejero de Fomento de la Junta, quiso descalificar al secretario regional del PSOE, Jesús Quijano, que ha pedido que el fiscal anticorrupción se persone en el caso de los presuntos cobros ilegales. "Tras 13 años de connivencia con la corrupción se acuerda ahora que hay un fiscal. anticorrupción", le reprochó.
Los empresarios zamoranos Hermanos Tábara, César Martínez Omaña, Hermanos Blanco y Herminio Montera, implicados por Corrales, anunciaron ayer que se querellarán individualmente contra éste "por injurias y calumnias", y pedirán 50 millones de pesetas de indemnización.
Corrales, cuyo testimonio sustenta la investigación que el fiscal jefe de Zamora, José María Caballero, lleva sobre el presunto cobro de comisiones ilegales en la adjudicación de obras de la diputación provincial que habrían servido en parte para financiar al PP, hizo diversas declaraciones. "No tengo ningún motivo para rectificar porque soy una persona que expongo unos hechos que luego ratifico ante el fiscal, nada más", manifestó a la Cadena SER. En posteriores declaraciones a Efe, que al preguntarle esgrimió el informe con sus antecedentes penales, matizó: "No quiero que se dude del presidente. No he denunciado, sólo he expuesto". Y respecto a la carta que envió a Aznar, precisó que sólo quería "ayudarle a investigar" y que ahora "han sacado las cosas del tiesto". El empresario había asegurado con anterioridad que no tiene miedo a las querellas.
Según la copia de una sentencia que Corrales exhibe, ha sido absuelto de la acusación de desacato a la autoridad del que fue acusado por criticar a un juez de Zamora. Reconoce, sin embargo, que sí aparece acusado de estafa y falsedad en documento junto a otras 15 personas (entre ellos Casto Lorenzo, el ex diputado del PP señalado en el cobro de comisiones) por un negocio inmobiliario fantasma conocido como Lomas de Valparaiso. El asunto no ha sido juzgado. Para aclarar esta situación, el empresario volvió ayer al despacho del fiscal jefe de Zamora. Corrales precisa que su eventual querella por falsedad se dirigirá contra el actual presidente de la Junta, Juan José Lucas, y el vicesecretario popular de la región, Francisco Aguilar, con quien sostuvo un agrio debate, el pasado jueves, en el programa Hora 25 de la Cadena SER. En él ratificó sus declaraciones y añadió que lo que él está diciendo "se conoce en la calle" y que incluso algún dirigente popular lo dijo "durante una borrachera". El constructor sostiene que "es verdad" que el PP pagó al ex diputado socialista José Luis Santorrena para ganar la presidencia de la diputación en 1987.
Octavio Granados, senador del PSOE, afirma que el caso de Zamora es equiparable al de la construcción de Burgos o la minería de León y advierte que "en Castilla y León empezarán a salir más casos". Añade que, después de obtener el PP la diputación zamorana en 1987, José Manuel Peñalosa fue llamado por Aznar, entonces presidente de Castilla y León, para "ofrecerle su apoyo a una diputación ganada con un tránsfuga".
