Gremio fiscal

UN GRUPO de fiscales pertenecientes a la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria entre los asociados, ha puesto el grito en el cielo ante el fracaso de su consejo a favor de la candidatura de su compañero Luis Poyatos para ocupar la jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. La descalificación de su propuesta la consideran una "intromisión intolerable" de los poderes Ejecutivo y Legislativo, insinuando que va contra la división de poderes. La Asociación de Fiscales ocupa ocho de las nueve plazas electivas del Consejo Fiscal (la otra es para la Unión Progresista de Fiscales), en el que también se sientan el fiscal general del Estado -que lo preside-, el teniente fiscal y el fiscal jefe de la Inspección. Corresponde al Consejo Fiscal "asesorar al fiscal general del Estado en cuantas materias éste le someta" y, en concreto, "ser oído en las propuestas respecto al nombramiento de los diversos cargos". Eso es todo. La propuesta de nombramiento del fiscal jefe de la Audiencia Nacional corresponde hacerla al fiscal general, "previo informe del Consejo Fiscal", pero la decisión es del Gobierno.La candidatura de Poyatos, aunque apoyada con entusiasmo en un primer momento por la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, perdió fuerza al conocerse algunos datos de la biografía del aspirante, quien, para evitar mayores problemas a sus padrinos, terminó retirándola. Lo correcto habría sido que el Consejo Fiscal o los miembros del mismo pertenecientes a la AF que apoyaron aquella candidatura entonaran el mea culpa tanto si desconocían las vinculaciones ultraderechistas de Poyatos como si habían considerado, erróneamente, que tales antecedentes no cuestionaban su idoneidad para un puesto con tanta carga simbólica y política.

Pues no. La AF, en un impúdico comunicado, "se ve en la necesidad" de considerar "una intromisión intolerable del poder político ( ... ) la descalificación ad hominem de una propuesta de nombramiento que contaba con el apoyo mayoritario del Consejo Fiscal, asumida por el fiscal general del Estado y que, por ello, merecía ser respaldada". Al margen de la falta de respeto a los poderes democráticos, produce perplejidad que encargados de aplicar la ley y el derecho confundan la capacidad de propuesta y audiencia con la de decisión y se asombren de que en el nombramiento de una persona, en este caso un hombre, se tengan en cuenta datos suyos ad hominem. Pues claro.