El Supremo ratifica una pena de 4 años para un empresario por delito ecológico

El Tribunal Supremo ha confirmado la pena más elevada dictada en España por delito ecológico: cuatro años de prisión. La condena recae en un importante empresario del sector textil de Cataluña, Josep Puigneró, que podría ingresar en prisión. La pena de cuatro años de cárcel por verter aguas contaminadas fue impuesta en 1995 por la Audiencia de Barcelona y ahora ha sido confirmada prácticamente en su totalidad.El abogado del condenado, Miguel Capuz, anunció ayer que está estudiando la presentación de un recurso de amparo al Tribunal Constitucional o la solicitud de una medida de gracia para impedir el ingreso del empresario en prisión.

El empresario ya ha advertido que su encarcelamiento podría comportar el cierre de la empresa Hilados y Tejidos Puigneró, SA, situada en el pequeño municipio de Sant Bartomeu del Grau (Barcelona), de la que dependen directa o indirectamente unos 3.000 trabajadores. Éstos, junto con alcaldes de diversas poblaciones de la comarca, con el apoyo del obispo de Vic, hicieron público ayer un comunicado en favor de la petición de indulto del empresario, que tiene 66 años.

La sentencia ratificada ahora consideraba que la empresa, de la que Puigneró era administrador único y gerente, estuvo vertiendo sus aguas sin depurarlas desde 1989 al río Sorreig, un afluente del Ter, y que este hecho provocó la contaminación de "dichos cauces públicos, así como de pozos, acuíferos y captaciones de agua, afectando a los suministros de agua potable, con el correspondiente riesgo para la salud de las personas y animales".

El Tribunal Supremo ha sentenciado ahora que "la conducta del acusado consistió en el incumplimiento de todas las condiciones impuestas por la autorización provisional" y matiza que "consta asimismo la existencia de varios requerimientos por parte de la Administración pública desatendidos por aquél, y la gravedad de tales vulneraciones y omisiones determina la precisión de estimar existente el principio de intervención mínima propio del derecho penal frente a la sanción administrativa".

La empresa se creó en 1975 y en 1982 pasó a ser gestionada por Puigneró, pero hasta marzo de 1985 no obtuvo la licencia municipal de actividades industriales, precisamente cuando el alcalde de la población era el propio empresario. Eso motivó que un año más tarde la Generalitat rechazase inicialmente su inscripción.

Auxilio de la ley

El Tribunal Supremo recuerda que "unos preceptos penales no han de poder por sí solos lograr la desaparición de toda industria atividad nociva para personas medio ambiente, pero también es evidente que cualquier política tendente a introducir rigurosidad en ese problema requiere el auxilio coercitivo de la ley penal".