El Gobierno francés afirma que no cederá y que la ley de inmigración será aprobada esta semana

El Gobierno francés abrió ayer el último trámite parlamentario para la aprobación de su ley sobre inmigración. Apoyado en los sondeos, según los cuales casi el 70% de los ciudadanos apoyaba el texto tras la su presión del polémico artículo 15 el ministro del Interior, Jean-Louis Debré, calificó la ley de "equilibrada" y "ajena a cualquier sentimiento xenófobo". Ni el obstruccionismo parlamentario de la izquierda ni la nueva manifestación celebrada ayer podían, según Debré, hacer que el Gobierno se rindiera. "No cederemos" proclamó. El presidente, Jacques Chirac, por su parte, calificó de "inadmisible" la moción aprobada el lunes por el Parlamento Europeo contra el proyecto de ley francés.

El presidente del Parlamento Europeo, el español José Maria Gil-Robles, no podía haber elegido peor fecha para visitar París. La moción del día anterior había irritado extremadamente a los gaullistas. Primero fue el presidente de la Asamblea Nacional, Philippe Séguin, quien le recibió con un furioso alegato contra la "ardiente y cacofónica impotencia" del Europarlamento. Luego fue el propio presidente, Jacques Chirac, quien en el Elíseo le entregó en mano una carta en la que protestaba contra la "inadmisible injerencia" de la Cámara europea en los asuntos internos franceses.Los ánimos estaban caldeados. Al comenzar la segunda y definitiva lectura del proyecto de ley en la Asamblea Nacional, más de 20.000 personas iniciaron una manifestación desde la plaza del Odeón hasta la sede de la Cámara baja francesa. Los manifestantes mantenían que el proyecto de ley era xenófobo y traslucía la lepenización de la mayoría conservadora en el Gobierno. "Están arruinando la ciudadanía francesa", afirmó el actor Michel Piccoli, uno de los artistas e intelectuales convocantes de la protesta, refiriéndose a los diputados. La movilización cívica demostró ser, a la postre, insuficiente: sólo unas 120.000 firmas contra la ley fueron depositadas en la Asamblea Nacional.

Pierre Mazeaud, presidente de la Comisión de Leyes, reconoció que sus correligionarios gaullistas habían cometido "excesos" al endurecer el texto inicialmente propuesto por el Gobierno. Matizó, sin embargo, que una vez eliminado el artículo 1 (cuya redacción era muy similar a la utilizada en 1941 en una orden del Gobierno filonazi de Vichy e imponía a los franceses la obligación de denunciar a los extranjeros en situación irregular), el texto era eficaz y respetuoso con la Constitución francesa. En la misma línea se expresa el primer ministro, Alain Juppé, al pedir que cese la crispación y que los demócratas se unan contra el neofascismo del Frente Nacional en un artículo que publica hoy Le Monde. La mayoría de los franceses piensa también que la ley es correcta: con el antiguo artículo 1, la apoyaba sólo un 49%; suprimido ese párrafo, el apoyo ascendió hasta casi el 70%.

La oposición socialista, dirigida por el ex primer ministro Laurent Fabius, basó su argumentación contra la ley en su presunta inconstitucionalidad. Socialistas y comunistas se pusieron de acuerdo para poner en práctica todos los recursos obstruccionistas a su alcance, con el fin de retrasar en lo posible, probablemente hasta mañana jueves, la aprobación definitiva de la ley. Fabius, por ejemplo, habló ayer durante 90 minutos. El ministro Debré no se privó de resaltar la incoherencia de los socialistas, casi totalmente ausentes del primer debate, en diciembre, y ayer dispuestos a capitalizar la movilización cívica contra la ley.

Mayores poderes policiales

Una vez privada de su desafortunado artículo 1 (la enmienda será aprobada hoy por la mayoría conservadora), la ley sobre inmigración consiste básicamente en una ampliación de los poderes policiales y judiciales en lo referente a la lucha contra la inmigración clandestina (detención de 48 horas en lugar de 24, entrada libre de policías en lugares de trabajo para realizar identificaciones, etcétera) y en un aumento de las dificultades administrativas para los extranjeros.Según el Gobierno, se trata de contar con armas eficaces para luchar contra la inmigración ilegal. Según los socialistas, el objetivo es "sembrar la desconfianza y el recelo" frente a los extranjeros. Según los comités cívicos que ayer exigieron la retirada total de la ley, el texto contiene un inaceptable fondo xenófobo. Para el Frente Nacional, en fin, la ley "suaviza" el anterior texto legislativo, impulsado por el ex ministro Charles Pasqua.