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Editorial:

Jano, en el Gobierno

EL GOBIERNO de Aznar exhibió el viernes sus dos caras: intervencionista una (Álvarez Cascos) y ultraliberal la otra (Rato). El Consejo de Ministros pasó sin solución de continuidad de proclamar su fe absoluta en la desregulación como motor de la economía a un proyecto de ley que consagra el derecho de injerencia del Gobierno en el fútbol. Por si había dudas, Álvarez Cascos se encargó de, disiparlas esa misma noche en un mitin al grito de que habrá fútbol gratis "caiga quien caiga".En España hay fútbol por televisión todos los sábados desde hace muchos años. Desde hace seis, hay otro partido codificado los domingos. Esto mejoró el contrato de la Liga al crecer los ingresos de las televisiones: publicidad en abierto y abonos en el sistema de pago. La tecnología digital permite sumar a esa oferta la de cualquier otro partido de la jornada, a elegir por el espectador, mediante la fórmula de pago por visión. Los clubes ingresarán a cambio 45.000 millones por temporada. El primer efecto ha sido la Liga de las estrellas.

Ésa es la situación actual: hay una amplia demanda de fútbol televisado y el mercado ha ido creando mecanismos para satisfacerla. Pero al Gobierno no le gusta que la plataforma digital que está montando con Telefónica, RTVE y Televisa se haya quedado sin los derechos del fútbol y ha decidido impedirlo por vía de ley. Para ello ha izado nada menos que la bandera del derecho a la información ¡deportiva!

La invocación de ese derecho, sin necesidad de leyes específicas, bastó para que los tribunales ampararan en su día la entrada de las cámaras de Tele 5 a los estadios. Es falso, pues, que haya vacío de ley. Legislar en el ámbito informativo es casi siempre interferir. De ahí el principio de intervención mínima defendido siempre por los periodistas, y que se traduciría en esa frase de que la mejor ley de prensa es la que no existe. Puestos a hablar de derecho a la información, hay enormes zonas opacas de la Administración pública que el Gobierno debería abrir a los medios antes de la ridícula invocación de ese principio para meter mano en el deporte.

Otra bandera que enarbola la ley es la propuesta europea de qué cada país elabore una lista -"selectiva"- de grandes acontecimientos que deben emitirse en abierto en función del interés general. Una vez más habrá que recordar que nadie ha planteado un escenario que no pase por transmitir en abierto un partido importante en cada jornada de Liga. El Gobierno ha tenido que inventarse así, con la inestimable ayuda de sus acólitos me diáticos, el falso muñeco de que iba a eliminarse el fútbol en abierto para justificar luego su intervención. Pero metidos ya en el mundo del espectáculo, puesto que aquí ya no se trata del derecho a la información, ¿por qué no amparar con el interés general las corridas de toros? ¿Las de Jesulín o las de Espartaco? ¿Y un concierto de Madonna? ¿Y qué tal el eslogan de cine gratis para todos? Por supuesto, el día de su estreno y en directo.

La ley altera de tal forma las actuales condiciones del mercado que podría. anular la explotación comercial de los derechos adquiridos en exclusiva. ¿Quién pagará en ese caso a los clubes los 45.000 millones por año? La respuesta podría estar en la insólita presencia de Juan Costa, primer recaudador del Reino como secretario de Estado de Hacienda, junto a Cascos en la reunión que éste celebró en Moncloa con los presidentes de los clubes. Tal vez la alternativa sea garantizar esos ingresos a través del IVA o las quinielas. Resultará así que los archimillonarios contratos de Ronaldo o Mijatovic no los pagarán los aficionados, los que van al campo o los que se abonen a la televisión de pago, sino todos los ciudadanos. ¿Cómo explicará Rato esta originalidad a los funcionarios de sueldos congelados? ¿Qué hará cuando tenga que anunciar nuevos ajustes? El problema de Jano es que un rostro anula al otro.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 23 de febrero de 1997