El PP elimina la posiblidad de que las fundaciones puedan gestionar hospitales

El Gobierno consiguió ayer aprobar el proyecto de ley de nuevas formas de gestión de la sanidad pública con los votos favorables de los socialistas. Tras ocho meses de discusión y amenazas del PSOE de dejar solo al Ejecutivo en la reforma sanitaria, se logró el consenso. El precio fue eliminar la posibilidad de que los hospitales sean gestionados por fundaciones o consorcios, y deberán hacerlos siempre entidades públicas. Una vez aprobado el proeyecto, el PSOE advirtió que el futuro hospital de Alzira, que promueve el PP en Valencia, queda fuera de la ley.

El Congreso, al votar por amplia mayoría el proyecto. de ley, dio paso a que los servicios sanitarios españoles puedan gestionarse con criterios de empresa privada. La sanidad, que cambiará de modelo al introducir nuevas formas de gestión, permanece fiel al espíritu público y de acceso universal, según insistieron el PP y el PSOE. "El Gobierno apuesta decididamente por consolidar el sistema nacional de salud, cree firmemente en su universalidad, pero es verdad que hay que dar soluciones a las deficiencias del sistema", dijo en el debate César Villalón, portavoz de sanidad del PP.Ángeles Amador, ex ministra de Sanidad y portavoz del PSOE en asuntos sanitarios, calificó el proyecto de ley aprobado ayer, -una enmienda transacional del PP a propuesta de los socialistas-, como "un buen acuerdo", y se mostró triunfante por haber sido modificado su proyecto inicial "mejorando y cambiando su orientación sustancialmente".

Sin fundaciones

Los socialistas lograron sacar del apartado de nuevas fórmas de gestión el modelo de consorcios y fundaciones, que admiten la titularidad pública o privada. "Nunca en el ánimo del PP se pensó en crear fundaciones privadas; siempre públicas", se defendió Villalón en los pasillos del Congreso. Y anunció que volverá a la carga presentando una enmienda al Se nado para que haya una referencia a la fórmula de las fundaciones -"siempre que sean públicas"-, aunque sólo sea en la exposición de motivos, con efecto puramente formal.El PSOE había condicionado a la eliminación del término fundaciones -en el único artículo del proyecto de ley-, su permanencia en la subcomisión del Congreso que estudia la reforma de la sanidad pública.

El texto aprobado garantiza y preserva en el ámbito del Sistema Nacional de Salud "en todo caso su condición de servicio público, la gestión y la administración de los centros, servicios y establecimientos sanitarios", que podrá llevarse a: cabo "directamente o indirectamente a través de cualesquiera entidades de titularidad pública admitidas en derecho".

La prestación y gestión de los servicios sanitarios podrá realizarse, "además de con medios propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas, en los términos previstos en la Ley General de Sanidad". Amador se apuntó otro tanto: "la garantía de que el Gobierno va a dictar una norma de carácter general que reú-na los requisitos que deben cumplir estas nuevas entidades".

Entre tantas bendiciones se coló una cuestión pendiente: el" hospital de Alzira, estrella de la Comunidad Valenciana gobernada por el PP, que se gestiona rá mediante una especie de con cesión administrativa a una empresa privada. "Alzira no cabe en la ley aprobada hoy" dijo Amador a la vez que anunciaba un posible recurso contra el hospital. Villalón dejó esta cuestión en manos de, Eduardo Zaplana, presidente de la Comunidad Valenciana.

El diputado socialista valenciano, Joan Romero, afirmó ayer: "Si Zaplana fuera mínimamente prudente, dejaría en suspenso esa locura de hospital", informa Claudia Navarro. Romero calificó ayer de "esotérico" el pliego de condiciones redactado por el PP valenciano para concurrir a la adjudicación del hospital de Alzira, que, según lo acordado ayer en el Congreso, es "inviable e ilegal". Romero señaló que el texto consensuado ayer deja fuera de la ley los planes de la consejería de Sanidad, pues no admite otro modelo de gestión que la titularidad pública.

En Vigo tuvo lugar ayer una huelga en defensa de la sanidad pública y contra la privatización del sistema sanitario público. En especial, contra la implantación en los hospitales del Instituto de Medicina Técnica (MEDTC), punta de lanza de la reforma sanitaria aplicada en Galicia por el ministro de Sanidad, José Manuel Romay, cuando 'era consejero de la Xunta, y considerado el primer exponente de la privatización del sistema sanitario público, informa Primitivo Carbajo.

En el pleno del Congreso de ayer se aprobó también, con los votos de los populares y nacionalistas y en contra los del PSOE e IU, el proyecto de ley de ampliación del servicio farmaceútico, que liberaliza los horarios de las oficinas y deja en manos de las comunidades autónomas la decisión sobre la apertura de nuevas farmacias, hasta ahora competencia de los colegios profesionales.