PP y ERC rechazan los criterios de la Generalitat para la ley lingüística

Las primeras reacciones críticas a los criterios aprobados por el Gobierno de la Generalitat para que una ponencia parlamentaria elabore una nueva ley lingüística no se han hecho esperar. Proceden esencialmente del Partido Popular y de los independentistas de Esquerra Republicana. Para los primeros, la Generalitat pretende ir demasiado lejos y para los segundos se queda corta. Pese a estas reacciones, el Departamento de Cultura considera que todo está dentro de un orden previsto y que lo importante es que ningún grupo se descuelga de la, ponencia que debe elaborar la nueva ley por consenso.

Josep Curto, portavoz parlamentario del PP, y el presidente de este partido en Cataluña, Alberto Fernández Díaz, rechazaron que el documento aprobado el martes por el Consell Executiu pueda servir de base para la elaboración del nuevo texto legal; porque prevé "cuotas, sanciones e imposiciones" para fomentar el uso del catalán, y anunciaron la presentación de su propio texto alternativo para aportarlo a la ponencia. Fernández consideró irrelevante que la nueva ley no recoja sanciones, sino que se remita para ello a otras leyes ya en vigor (de los consumidores y de la función pública).

El nuevo secretario general de ERC, Josep Lluís Carod-Rovira, sí amenazó con situarse fuera del consenso, pero sólo "si se trata de hacer una ley para dejar las cosas como están o para retroceder". "Que nadie espere que seamos unos acólitos obedientes de una pantomima", agregó.

Los socialistas lanzaron críticas más matizadas, sobre todo a que se pretenda que cualquier ciudadano pueda ser correspondido, en catalán o en castellano, cuando se dirija a una empresa. "Llevar las cosas hasta el punto de regular cómo dos personas tienen que hablar debe ser legislar contra natura", dijo Joaquim Nadal.

Texto conjunto

El Gobierno de la Generalitat ha renunciado a presentar su propio proyecto de ley y ha ofrecido a todos los grupos elaborar el nuevo texto de forma conjunta, como ya se hizo excepcionalmente con la Ley de Normalización Lingüística de 1983. Lo que se pretende ahora es regular el derecho de todo ciudadano a utilizar la lengua oficial que desee en sus relaciones con cualquier Administración y con el mundo socioeconómico, aceptando por tanto la realidad bilingüe de los ciudadanos de Cataluña, sin dejar por ello de buscar la potenciación del uso social del catalán.El Departamento de Cultura, que rige el consejero Joan Maria Pujals, quiere introducir un nuevo criterio en la ley, el de la disponibilidad lingüística. Esto quiere decir que toda Administración o empresa que tenga tratos directos con el público debe disponer de personal capacitado para corresponder al ciudadano en la lengua que éste elija libremente. Se prevén cuotas para las televisiones de ámbito autonómico y para las emisoras de radio concedidas por la Administración autónoma. La regulación de la enseñanza no varía.