El Constitucional falla a favor de las leyes baleares para proteger el litoral

Una sentencia del Tribunal Constitucional acaba de reconocer la validez constitucional de la ley marco que la mayoría de diputados proteccionistas de Baleares crearon, en 1984, en los comienzos de la autonomía, para preservar los ámbitos litorales amenazados por proyectos de urbanización. La ley que es declarada constitucional es la denominada de Ordenación y Protección de Areas Naturales de Especial Interés del Parlamento de las Islas Baleares. El tribunal también ha validado su primera aplicación legislativa, la redactada para la preservación de la playa virgen de Es Trenc y la zona húmeda aneja de Es Salobrar de Campos, en Mallorca.El Tribunal Supremo había instado al alto Tribunal a que se pronunciase sobre las dos leyes citadas, contra las que existen reclamaciones de nulidad e indemnización por parte de dos empresas interesadas en la urbanización de ambas zonas. En diciembre de 1990, el Tribunal Superior de Baleares rechazó diversas peticiones de indemnización y avaló la legalidad de las iniciativas ecologistas de los parlamentarios regionales.

En diferentes trámites e instancias judiciales, existen peticiones de particulares por sus derechos sobre otras áreas protegidas de Baleares. En 1991 el conjunto de reclamaciones de indemnización alcanzaba los 51.000 millones de pesetas.

La sentencia del Tribunal Constitucional considera que la Comunidad Autónoma de Baleares pudo en 1984 ordenar el territorio con la finalidad primordial de protección de un espacio natural porque "la carencia de competencias normativas específicas en medio ambiente, sin embargo, no impide que, en el marco de la competencia sobre ordenación del territorio se regulen aspectos del mismo con una finalidad preponderante de protección del espacio natural".

El Gobierno balear, del PP, y el principal inspirador de la ley, el dirigente socialista, Francesc Triay, celebraron ayer la sentencia del Constitucional porque despeja muchas de las dudas sembradas desde ambientes desarrollistas y grupos de presión turística.