Crisis colombiana

LA DEBILIDAD institucional de Colombia sigue pesando sobre sus posibilidades políticas y económicas. El presidente Ernesto Samper parece decidido a continuar en el poder hasta el final de su mandato, lo que quizá no contribuya de la manera más eficaz a la recuperación de un país que atraviesa una de las crisis más profundas de su historia. Enfrentado a una huelga de centenares de miles de funcionarios del Estado, que reclamaban unas subidas salariales similares a la tasa de inflación anual (en torno a un 20%), el Gobierno que preside Samper ha acabado cediendo. ¿De dónde saldrá el dinero? Supuestamente, de recortes en los presupuestos de inversión y de gastos corrientes, que no parece el método más ortodoxo para aumentar la riqueza pública, limitada por los incrementos salariales en una espiral de frustración.La presión de la calle se hace sentir. Colombia no escapa al síndrome de una bucaramización de la política, en alusión al caso de Ecuador, país donde unas medidas económicas brutalmente impopulares desencadenaron la profunda desestabilización política que llevó a la destitución parlamentaria del presidente Bucaram. Con tasas de crecimiento del PIB superiores a la media latinoamericana, la economía colombiana sigue avanzando pese a todo, pero con efectos muy desiguales entre su población. Sin una notable mejora en la recaudación de impuestos, la multiplicación del gasto social no ha evitado que se agravaran las disparidades sociales ni el crecimiento de bolsas de pobreza. En este caldo de cultivo se nutre el narcotráfico, la guerrilla y la corrupción, redes permanentemente entrecruzadas. La economía de Colombia se resentirá, además, si la Administración de Clinton lleva a cabo sus amenazas de sanciones económicas por lo que considera insuficiencias de la lucha contra el narcotráfico.

Samper se ha resistido a dimitir por presiones externas insoportables, como la de EE UU. Lo que le honra. Pero debe tener en cuenta, del mismo modo, que su decisión de permanecer en el cargo, una vez superadas en el Parlamento las acusaciones en su contra por financiación de su campaña electoral con fondos provenientes del narcotráfico, no ha servido para una consolidación institucional en Colombia que permita superar los problemas presentes, a veces insufribles. La situación preelectoral -las próximas presidenciales serán en 1998- tampoco contribuye a ello; uno de los posibles candidatos liberales, el actual ministro del Interior de Samper, Horacio Serpa, ya se ve acosado por la judicatura en relación -¡otra vez!con el narcotráfico. La Fiscalía General le ha prohibido salir del país. Todo ello hace que la política colombiana flote en una nube de sospechas permanentes.

A todos estos problemas viene a agregarse el resurgimiento de una guerrilla que en los pasados días consiguió acercarse a tan sólo 70 kilómetros de la capital, lo que refleja la quiebra institucional del Estado y alimenta el descontento de los militares. Se trata de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que mantienen secuestrados desde agosto a seis decenas de soldados regulares. Muchos miembros de las FARC -que no son el único movimiento guerrillero en activo- viven de la criminalidad común, secuestrando y atracando bancos; son más mafia que guerrilla.

Síntoma de la intensidad de la crisis ínstitucional es la disposición del premio Nobel García Márquez, conciencia crítica del país, a no regresar a Colombia -lleva voluntariamente exiliado cuatro meses mientras Samper continúe en la dirección del Gobierno. La actitud del escritor refleja el desgarro de una sociedad que ha dado muestras, de una vitalidad que le va a ser imprescindible para superar una desmoralización política que a veces parece insuperable.