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Cuatro escenarios para la Unión Monetaria

Cuatro podrían ser los escenarios con los que España se enfrentaría a la hora de entrar en la Unión Monetaria Europea (UME) en 1999.El primero sería el escenario de estancamiento. Si las economías continentales europeas no consiguen crecer en su conjunto a unas tasas cercanas al 2% en 1997 y en el primer trimestre de 1998, no se cumplirían los criterios fiscales de convergencia de déficit público y deuda sobre el PIB por casi ninguno de los países potencialmente miembros.

Ante esta posibilidad no existen más que dos opciones. La primera sería posponer en uno o dos años la Unión Monetaria, lo que es posible, ya que el artículo 109 J, apartado 4, establece que 11 si al final del año 1997 no se hubiese establecido la fecha para el comienzo de la tercera fase de la Unión Monetaria, ésta comenzará el 1 de enero de l999". Es decir, se podría establecer una fecha posterior a 1999, aunque el espíritu del legislador de dicho artículo era más bien que se pudiese establecer una fecha anterior a 1999. Ahora bien, la decisión hay que tomarla dentro de este año, no se puede esperar al Consejo Europeo en 1998.

La segunda opción consistiría en modificar al alza los valores de referencia del 3% y el 60% del PIB, respectivamente, incluidos en los Protocolos del Tratado. Para ello sería necesaria una decisión por unanimidad de los 15 países miembros, lo que podría evitar tener que reformar el tratado y volverlo a ratificar por los respectivos Parlamentos (artículo 6 del Protocolo 6). La probabilidad de este escenario es muy baja, a menos que ocurra alguna crisis imprevista, ya que la recuperación se está consolidando.

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El segundo sería el escenario de rigidez, que resultaría de un intento de interpretación estricta de los valores de referencia de los criterios de déficit y deuda públicos en la decisión final del Consejo Europeo de la primavera de 1998. Aunque todas las autoridades económicas y monetarias de la Unión Europea insisten una y otra vez sobre la aplicación estricta de los criterios, lo que es comprensible, ya que hay que dar un mensaje de disciplina y de ajuste para acercarse lo más posible, la realidad es que el criterio de deuda pública sobre el PIB sólo lo pueden cumplir Luxemburgo (9%), el Reino Unido (57%) y Francia (58%). Si no se puede aplicar estrictamente este criterio, habrá fuertes presiones para que la flexibilidad se extienda también al criterio de déficit público, al menos para los países que vayan a estar cerca del 3% del PIB.

La única opción posible, si se adopta radicalmente el principio de rigidez, sería "parar el reloj" un cierto tiempo o retrasar unos meses más el examen previsto para la primavera de 1998, para dar tiempo a que Alemania y Finlandia pudiesen llevar su ratio de deuda sobre el PIB al 60%, ya que se encuentran entre el 61% y el 62%.

Sin embargo, esta opción tiene dos problemas: por un lado, se iniciaría la Unión Monetaria sólo con cuatro países y, por otro, las elecciones francesas en mayo de 1998 van a hacer muy difícil retrasar varios meses la reunión decisiva del Consejo Europeo. Por tanto, este escenario es también muy poco probable y en todo caso llevaría, como el anterior, a retrasar la Unión o a cambiar los valores de referencia.

El tercero sería el escenario de flexibilidad, que resultaría de aplicar literalmente los criterios de convergencia tal y como están redactados en el Tratado y sus protocolos. Es decir, aplicar con total rigidez los dos criterios de inflación y tipos de interés y aplicar, con la flexibilidad permitida por el Tratado, los dos criterios fiscales de déficit público y, de deuda pública sobre el PIB. Esta interpretación literal permitiría que prácticamente todos los países de la Unión Europea, salvo quizá Grecia, pudieran ser miembros potenciales de la Unión Monetaria en 1999.

Este escenario, que sería el más probable, también plantea problemas importantes.. Esta solución flexible no es aceptada, en principio, por Alemania ni por otros países del núcleo duro. El Gobierno alemán necesita, para poder tomar una. decisión favorable, conocer la posición de sus dos Cámaras legislativas y, sobre todo, atender a la opinión del Tribunal Constitucional alemán sobre si la estabilidad del euro va a ser lo suficientemente elevada y sostenible como para que éste avale el cambio del marco a la moneda única. De ahí que el Gobierno alemán, consciente de la alta probabilidad de este escenario, haya propuesto el Plan de Estabilidad, recientemente aprobado, que, aunque va a ser muy riguroso, su aplicación va a permitir cierta flexibilidad.

Asimismo, tanto el Instituto Monetario Europeo como el Gobierno alemán y el Bundesbank están cambiando su discurso pasando el acento desde la necesidad de una aplicación estricta e inflexible de los criterios de convergencia hacia la sostenibilidad, en los años posteriores, del esfuerzo de ajuste presupuestario. Por ello, de acuerdo con lo establecido en el Tratado de Maastricht, en su artículo 104.3, que establece que en la decisión "también se tendrá en cuenta la situación económica y presupuestaria a medio plazo", empiezan a declarar que, a la hora de decidir quién entra y quién no, tendrán tanta importancia como el resultado del déficit presupuestario alcanzado en 1997 los niveles de déficit del presupuesto aprobado para 1998 y de la previsión para 1999. En definitiva, éste es el escenario más probable, ya que podría conseguir una mayoría cualificada de votos, pero depende de que lo acepte Alemania. Si no lo acepta, no puede haber Unión Monetaria y se tendría que retrasar la UME o intentar buscar un punto de consenso, "parando el relej" si es necesano.

El cuarto sería el escenario de consenso. Este se daría si no hay escenario flexible ni retraso, y deriva de que, probablemente, la decisión final no será por votación, sino una larga negociación política de consenso. La razón de no votar es muy clara: ningún jefe de Estado o de Gobierno va a asumir el coste político externo de bloquear la decisión y evitar que haya Unión Monetaria, ni va a sufrir el coste político interno de votar a favor de autoexcluir su país de la primera velocidad. Además, existe un artículo del Protocolo 10 del Tratado que impide que se ejerzan minorías de bloqueo.

Un escenario de consenso significaría dos velocidades; es decir, que la mayoría de los países entrasen en 1999 y alguno o algunos lo hicieran más tarde. Para conseguir dicho consenso sería n cesario iniciar la Unión con una masa crítica suficiente de como mínimo ocho países; es decir, la mayoría de los 15. ¿Quiénes podrían entrar en esta mayoría? Lógicamente, aquellos que tuvieran mejores niveles relativos de cumplimiento de los criterios y además quisieran entrar. Alemania, Francia, Holanda, Luxemburgo, Austria, Irlanda y Finlandia estarían casi seguro en el grupo inicial, porque su grado de cumplimiento podría ser relativamente mayor. El Reino Unido, Dinamarca y Suecia también podrían incorporarse, pero es muy probable que decidan no entrar en 1999, sino esperar a ver cómo funciona dicha Unión y entrar más adelante.

Grecia no entraría en ningún caso en la primera ronda. Los casos más discutidos para llegar a un consenso serían, por tanto, el de Bélgica, por un lado, y los de Italia, España y Portugal, por otro.

A menos que se decidiese que el criterio de deuda pública contase poco a la hora de decidir quién entra y quién no, Bélgica lo tendría difícil, ya que es el país, común 130% del PIB, más alejado de los 15 en el cumplimiento de este requisito. Por otro lado, Italia es el país de los cuatro dudosos que tiene mayores dificultades para cumplir los criterios de deuda y de déficit público en conjunto. Sin embargo, va a ser muy difícil admitir a Bélgica, España y Portugal y dejar fuera a Italia, uno de los países grandes fundadores de la Comunidad Europea, en compañía de Grecia, y va a ser aún más difícil dejar a Bélgica fuera por el apoyo incondicional que va a tener por parte de Alemania y del núcleo duro y por tener mejor grado de cumplimiento relativo en los otros tres criterios. Por tanto, no hay que descartar que Bélgica entrase e Italia, España y Portugal pudieran quedarse temporalmente fuera durante uno o dos años.

Si así fuera, ¿qué condiciones podrían exigir estos tres países para aceptar quedarse fuera uno o dos años? Sólo lo aceptarían si, por ejemplo, se les asegurase de antemano la entrada definitiva tras la espera y si el mecanismo cambiario de bandas estrechas con el euro incluyese una intervención ilimitada por parte del Banco Central Europeo para defenderles de ataques especulativos, siempre que no afectase a la estabilidad de precios del euro. Es decir, para poder salvar políticamente la cara, estos tres países tendrían que ser tratados como verdaderos pre-ins y quedar sólo como realmente outs los países que hubiesen optado voluntariamente por quedarse fuera (Reino Unido, Dinamarca y Suecia) más Grecia.

En suma, para que un país como España se asegure la entrada en 1999 y evite ser objeto de una dura negociación política necesitará tener un mejor y más sostenible cumplimiento relativo de los criterios de convergencia que otros países que hoy están más cerca de conseguirlo.

Guillermo de la Dehesa es presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio.

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