La Audiencia deja a Elgorriaga en libertad bajo fianza porque cree que no se va a fugar
La Audiencia Nacional acordó ayer la puesta en libertad bajo fianza de 25 millones de pesetas de Julen Elgorriaga, ex gobernador civil de Guipúzcoa y ex delegado del Gobierno en el País Vasco, por entender que los riesgos de que se fugue son mínimos. Elgorriaga está procesado como autor de los secuestros de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, cooperador necesario en las torturas y autor "por comisión por omisión" en los asesinatos delos dos etarras, ocurridos en 1983. El tribunal no ha variado su criterio de que existen indicios de la intervención de Elgorriaga en los hechos, pero, a diferencia del juez y del fiscal, ha restado importancia a un informe policial que alertaba del riesgo de fuga.
La defensa de Elgorriaga, que ha permanecido siete meses encarcelado, depositó ayer la fianza. Sólo faltaba, para poner en libertad al ex gobernador de Guipúzcoa, que llegase a la prisión de Soto del Real (Madrid) la comunicación del juzgado de vigilancia penitenciaria. Cumplido este trámite, Elgorriaga salió de la cárcel poco después de las 10 de la noche. A su salida, declaró que se sentía "desconcertado" por su puesta en libertad; afirmó que la policía "ha manipulado testigos", y dijo desconocer quién había abonado la fianza.El tribunal -integrado por los magistrados Fernando García Nicolás, Jorge Campos y José Ricardo de Prada- confirmó el mantenimiento de la prisión preventiva para los ex-guardias civiles Enrique Dorado Villalobos y Felipe Bayo Leal, que fueron encarcelados el 23 de mayo del pasado año. Ambos están procesados como autores materiales del secuestro, torturas y asesinato de Lasa y Zabala.
En el auto dictado ayer, el tribunal pone de manifiesto, en contra de las afirmaciones de la defensa de que no existen indicios racionales de criminalidad suficientes sobre la participación de Elgorriaga, Dorado y Bayo, que "considera que sí existen los indicados motivos ( ... ) y deben de tenerse en el presente por suficientes para justificar la prisión preventiva".
En relación con otros elementos a tener en cuenta sobre la procedencia de la prisión preventiva, el tribunal cree que la situación no ha cambiado en relación a Dorado y Bayo. "La gravedad de sus conductas" dice la resolución, "y las penas con que la norma penal las conmina son y siguen siendo elementos indicativos de un muy grave riesgo procesal de evasión que no es, por el momento, susceptible de ser conjurado mediante otras medidas alternativas".
Valoración diferente
Los magistrados, sin embargo, valoran de forma diferente la situación de Elgorriaga, -preso desde el 19 de junio de 1996-, "no ya en cuanto a la existencia de elementos indiciarios de su posible participación criminal en los hechos, sino en cuanto al peligro que una eventual puesta en libertad pudiera representar".El tribunal considera que la participación de Elgorriaga en los hechos no es la misma que la de Dorado y Bayo, ni tampoco su situación personal. Aunque todos son considerados procesalmente autores, los ex guardias están acusados de ser autores materiales, mientras el ex gobernador civil es autor por cooperación necesaria o por omisión.
Además, el tribunal resta valor al informe policial en el que se basaron el juez para ordenar la prisión preventiva y el fiscal para solicitar el que se mantuviera. Ese informe se refería al riesgo de evasión de Elgorriaga, pero la defensa ofreció otra versión que contradecía el informe y estimable en algunos puntos.
El tribunal estima que mantener la prisión preventiva sería desproporcionado y que, para garantizar la presencia de Elgorriaga en el juicio es adecuado imponer una fianza de 25 millones, con la obligación de comparecer diariamente en el juzgado más próximo a su domicilio e informar de cualquier cambio del mismo. Asimismo, se le prohíbe abandonar el territorio nacional y ha de entregar el pasaporte en el juzgado.
Por otro lado, el ex policía José Amedo, condenado a 108 años de cárcel por su intervención en acciones de los GAL, ratificó ayer ante el juzgado de instrucción número 3 de Madrid, las afirmaciones realizadas en un programa de televisión en las que dijo que el PNV había encubierto crímenes de los GAL. Esta formación presentó una querella contra él, por lo que Amedo tuvo que declarar ayer.
