Los inspectores fiscales niegan "tajantemente" que recibieran orden de parar los expedientes

Los inspectores de Hacienda desmontaron ayer los argumentos del Gobierno en la polémica de los 600 expedientes. Rafael Cosín, presidente de Apife -la asociación que agrupa a la mayoría de los inspectores- negó "tajantemente" la existencia de presiones políticas por parte del anterior Gobierno para paralizar los expedientes y provocar su prescripción. Negó que la deuda de 200.000 millones de pesetas haya prescrito y afirmó que se adoptaron medidas para agilizar los expedientes en febrero de 1995. El vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, mantuvo ayer la dureza de sus ataques y aseguró que se va a demostrar con hechos la "negligencia" del anterior Gobierno.

El vicepresidente Rodrigo Rato, que asistió ayer en Bruselas a la reunión del consejo de ministros europeos de Economía y Finanzas, afirmó que el Gobierno va a demostrar "con hechos" que "una negligencia política" ha sido la causa de que se haya producido "una amnistía fiscal de 200.000 millones" de pesetas. Rato se mostró partidario de que el debate que se celebrará mañana en el Congreso -en la que la posición del Gobierno será defendida por el secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa-, sea eminentemente "técnico" y deje al margen "las interpretaciones políticas".La asociación Apife que, según sus directivos agrupa al 90% de los inspectores fiscales y en cuya directiva estuvo el actual director de la Agencia Tributaria Jesús Bermejo, hizo ayer una encendida defensa de su "independencia y profesionalidad". Declararon, por ello, no querer entrar en el debate político que estos días enfrenta al Gobierno del PP y al PSOE sobre una presunta amnistía fiscal a 600 expedientes que habrían prescrito por negligencia del anterior Ejecutivo. Sin embargo, los inspectores quisieron decir lo que piensan y desbarataron las graves acusaciones del PP, que también han levantado sospechas de connivencia por parte del colectivo.

Su presidente, Rafael Cosín, negó "tajantemente" la existencia de presiones políticas desde los anteriores responsables socialistas de Hacienda hacia los inspectores para parar los expedientes y provocar su prescripción. Otros miembros de la directiva de Apife señalaron que los expedientes se resuelven por orden de antigüedad. "No tenemos nada que ocultar", dijeron.

Negaron, igualmente, que los 600 expedientes hayan prescrito, como han asegurado Costa y Rato. Cosín señaló que "no se han perdido los 200.000 millones porque falta una segunda sentencia del Supremo, aunque las probabilidades de que no se cobren son elevadas".

Los tribunales han señalado desde 1991 que una inspección fiscal no puede paralizarse durante seis meses desde el inicio de las actuaciones hasta la liquidación de las actas ya que, si así fuera, una deuda con cinco años de antigüedad habría prescrito. Los inspectores advirtieron que, si bien la tendencia es esa, ha habido sentencias contradictorias. Por ello, creen que hasta que el Tribunal Supremo no se pronuncie otra vez en el mismo sentido -la primera sentencia es de febrero de 1996- el asunto, y el dinero, no está perdido.

Apife tiró de este argumento para asegurar que los inspectores actúan siempre de acuerdo con la legalidad vigente. Ahora la normativa señala que la interrupción de los seis meses se refiere a la primera fase de la inspección, la de investigación y comprobación, y no a la segunda fase, que es la de liquidación de las actas por el inspector jefe. Explicaron las dificultades con que se enfrentan en su trabajo: masificación de los expedientes, continuos cambios normativos y, sobre todo, que el número de actas en disconformidad se ha duplicado en los últimos años.

Apife aseguró que tras conocerse la primera sentencia de un tribunal importante -la Audiencia Nacional- en noviembre de 1994, el anterior equipo adoptó medidas para agilizar la tramitación de los expedientes. "Se reaccionó a su tiempo" y ahora "las oficinas técnicas están resolviendo dentro del plazo de seis meses".

La acusación de José María Aznar (inspector fiscal en excedencia) sobre que se había producido una amnistía fiscal tampoco es compartida por los miembros de Apife. Técnicamente, en el caso de que los expedientes se pierdan -lo que dependerá también de cada uno en concreto- sería una prescripción "y no una amnistía".