118.000 expedientes en 1996

La polémica de estos días ha sacado a la luz un grave problema de fondo: la inspección fiscal tardaba demasiado en resolver los expedientes.Una cosa es caer en la desgracia de enfrentarse a una inspección y otra es tener por ello el alma en vilo durante años. ¿Es que los inspectores toman demasiados cafés. y no trabajan a pleno rendimiento o es que no son suficientes y el trabajo se organiza mal?

En Hacienda hay ahora 808 inspectores en activo y 1.999 subinspectores. En 1996 ultimaron 118.331 expedientes por presunto fraude fiscal, lo que supone una media aproximada de 42 por funcionario. ¿Es mucho o poco? Depende. Un acta de mucha cantidad de dinero o muy compleja puede acarrear trabajo durante todo un año.

La inspección se desarrolla en varios frentes. La Oficina Nacional de Inspección (ONI) actúa sobre las empresas que facturan más de 10.000 millones de pesetas; las Unidades Regionales de Inspección (URI), a partir de 1.000 millones, y el resto, contribuyentes personas físicas y pequeñas empresas, en las delegaciones de Hacienda.

Tanto los inspectores como los subinspectores pueden levantar actas, aunque no cobran directamente un porcentaje de su sueldo en función de la deuda descubierta. Su sueldo está fijado según la categoría con complemento específico y de destino.

Al final de año, igual que a todos los funcionarios, se les abona un complemento de productividad en función del cumplimiento de los objetivos marcados: de la cantidad y de la calidad del trabajo desarrollado.

La explicación de los retrasos en la resolución de los expedientes es variopinta, aunque tiene dos focos muy determinados: la ONI y la unidad regional de Madrid. En los últimos años, las huelgas de celo o trabajo a reglamento -la última, con el Gobierno socialista a punto de hacer las maletas- ha supuesto alguna paralización temporal de la actividad en la primera fase del trabajo; es decir, en la de comprobación e investigación.

Además, a principios de 1994 trascendió que el Gobierno preparaba una rebaja de las sanciones por fraude fiscal a la mitad. Ello provocó que la mayor parte de las actas se firmaran en disconformidad. En especial, las de mayor cuantía correspondientes a grandes empresas con fuertes equipos de asesoría fiscal. Así se generó un aluvión de actas firmadas en disconformidad que se agolparon en la mesa del inspector jefe para su liquidación definitiva.

A todos ellos se les dio salida a finales de 1995, de forma que los famosos 600 expedientes se encuentran ahora recurridos ante los tribunales, donde se ha reproducido el colapso. Se calcula que hay unos 200.000 recursos pendientes de sentencia en los tribunales administrativos por diversos motivos.

La mayor rapidez impuesta en la resolución de los expedientes por parte del inspector jefe ha tenido también su contrapunto. Según asesores fiscales consultados, se ha ganado en rapidez, pero se ha perdido en calidad. Antes el retraso servía para analizar y puntualizar todos los extremos, de forma que al contribuyente podía ganar y conseguir que el inspector jefe retirase el acta, en ocasiones incluso por defectos de forma. Ahora, aseguran, muchas veces se limitan a poner el sello; es decir, a dar la razón al inspector que preparó el acta.

Hay también factores de gestión política y de idiosincrasia del colectivo de inspectores difíciles de medir. Los planes de la inspección se diseñan con mayor o menor acierto y los inspectores también son humanos y se desaniman si no se les reconoce su labor. Por ello se explica el alto número de excedentes -más de mil en la actualidad-, entre ellos, el propio presidente del Gobierno, José María Aznar.