Bono asegura que la Ley de Presupuestos obliga a pactar la financiación autonómica

El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista José Bono, desveló ayer que la Ley de Presupuestos obliga al Gobierno a negociar un acuerdo con as comunidades autónomas que rechazan el modelo de financiación autonómica. El presidente castellano-manchego aseguró que la Ley de Presupuestos, recientemente aprobada por el Congreso, rectifica el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y financiera del pasado septiembre que prorrogaba modelo de financiación autonómica para aquellas comunidades que rechazasen el nuevo modelo.

Bono no se pronunció sobre si interpondrá recurso ante el Tribunal Constitucional por motivo de la financiación. El presidente castellano-manchego apuesta de manera clara por una negociación con el Gobierno y no se encuentra animado a exigir la intervención del alto tribunal. Para ello dispone de dos meses que es el plazo fijado para que el consejo consultivo de Castilla-La Mancha ofrezca una resolución.Bono retó al ministro de Administraciones Públicas Mariano Rajoy al señalar que "en Castilla-La Mancha la última palabra sobre financiación autonómica no la van a decir ni Aznar ni Pujol".

La revelación que ayer Bono ofreció en una rueda de prensa celebrada en el Congreso, con motivo de la entrega en la Cámara del texto de reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, está recogida en una resolución de la Junta de Castilla-La Mancha.

El texto se fundamenta en el artículo 84 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, en cuyo apartado número dos establece que "la liquidación definitiva con las comunidades autónomas se realizará con arreglo al sistema de financiación adoptado, o, el que, en su día, se adopte para estas comunidades autónomas por acuerdo de su respectiva comisión míxta".

Este artículo de la Ley de Presupuestos regula la financiación de las comunidades autónomas que rechazan el nuevo modelo, -esto es, Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha- de forma diferente a lo decidido en el acuerdo segundo del Consejo de política Fiscal y Financiera del 23 de septiembre de 1996, denominado "aplicación subsidiaria del método".

Según el texto elaborado por la Junta de Castilla-La Mancha, mientras que en el acuerdo del consejo se afirma expresamente que la financiación durante todo el quinquenio de las comunidades autónomas que rechacen el modelo se continuará rigiendo por el acuerdo de 20 de enero de 1992, esto es el modelo anterior, que a estos efectos se considerará prorrogado, en la Ley de Presupuestos General del Estado se afirma expresamente que la liquidación definitiva se realizará Con arreglo al sistema de financiación adoptado, o el que en su día se adopte por la respectiva comisión mixta.

El artículo 84 de la Ley de Presupuestos no fija un plazo máximo para que las comunidades autónomas que no acepten el nuevo modelo adopten otro alternativo. El artículo 84.2 de la Ley de Presupuestos deja abierta esta cuestión sin establecer plazo alguno.

Lo que sí regula, sin embargo, es la *Situación de provisionalidad en que ahora van a entrar las tres comunidades autónomas gobernadas por los socialistas. En este sentido, la Ley de Presupuestos regula unas "entregas a cuenta para estas comunidades de su participación en los ingresos del Estado durante el ejercicio de 1997. Esta entrega a cuenta se hará como en los ejercicios anterior y de conformidad con el sistema de financiación del quinquenio 1992-1996. El texto de la Junta de Castilla-La Mancha argumenta que "el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera prevé la prórroga automática del sistema anterior para la totalidad del quinquenio 1997-2001. Pero esta previsión es de imposible cumplimiento dado que también la prórroga debe ser aceptada -así lo ordena la LOFCA en su artículo 13- por las comunidades autónomas en comisión mixta, de ahí que la Ley de Presupuestos con buen criterio, ha corregido los términos del acuerdo en la forma dicha".

Las conclusiones políticas del texto de la Junta de Castilla-La Mancha son que "el rechazo del modelo de financiación autonómica exigirá de manera inexorable la negociación entre el Gobierno de la nación y la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, vía comisión mixta de un modelo de financiación propio.