Los inspectores de Hacienda acusan a Costa de empañar su labor y desmoralizar al contribuyente

Malestar entre los inspectores de Hacienda y desmoralización entre los contribuyentes. Éste es el poso que, después de la batalla política, quedará de la denuncia efectuada por el secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, sobre una presunta amnistía fiscal de 200.000 millones resultado de la gestión socialista. Los inspectores rechazan que hubiera negligencia. Los actuales responsables de Hacienda insisten en que no se pueden mantener los expedientes abiertos más de dos años, como refleja un informe de auditoría interna sobre los años 1992, 1993 y 1994 que encargó la Administración socialista.

El pasado martes Juan Costa removió el foro político al afirmar que el Estado podía dejar de ingresar 200.000 millones por 600 expedientes de fraude fiscal que iban a prescribir por una inminente sentencia del Tribunal Supremo. Costa culpó al Gobierno socialista de haber dejado vencer los plazos, mientras políticos del PP acusaban al PSOE de haber favorecido a sus "amiguetes".El hecho es que hay 600 expedientes por fraude fiscal, que están en el alero. Pero, ¿por qué Hacienda se apresura a dar esos expedientes por perdidos cuando todavía no hay una segunda sentencia del Supremo que lo ratifique?

La primera sentencia del Supremo data de febrero del pasado año. Hacienda no la hizo pública entonces, sino que que una consultora quien la difundió. En esa sentencia se dictamina que la inspección puede durar un periodo sin definir siempre que no esté paralizada más de seis meses. El tiempo que exceda contabiliza a efectos de prescripción del posible delito.

El cambio es trascendental. Con el Reglamento actual, la paralización de la inspección sólo afectaba a una primera fase; es decir, desde el momento en que el inspector actuario detecta un fraude, lo investiga, lo argumenta y hasta que presenta una propuesta al inspector jefe porque el afectado ha señalado su disconformidad. En esta primera fase no podía haber una interrupción del trabajo durante más de seis meses. Si lo hubiera y se tratara de una deuda generada hacía más de cinco años habría prescrito; es decir, Hacienda no podría exigirla.

Proceso de seis meses

La sentencia del Supremo va más allá y dice que la interrupción de seis meses abarca todo el proceso: desde que el inspector empieza su trabajo y hasta que el inspector jefe dictamina con un acta definitiva. En esta segunda fase -entre la propuesta y el acta definitiva- es donde se ha producido el cuello de botella. Según un informe de auditoría interna de la Agencia Tributaria sobre el periodo 1992-94, en la Oficina Nacional de Inspección (ONI) -donde se vigila a las empresas que facturan más de 5.000 millones- el plazo de resolución era de más de dos años.El grueso de las graves acusaciones de Costa es que, por esta falta de diligencia, 600 expedientes fiscales han caducado (el 90% de la ONI). Se trata de deudas anteriores a 1991, que tardaron más de seis meses en resolverse por el jefe de la inspección y que en su mayoría están ahora recurridas.

El punto débil de la argumentación de Costa es que falta una segunda sentencia del Supremo para que se siente jurisprudencia. Sólo así la decisión del Supremo es firme, es decir, crea jurisprudencia, y sólo entonces Hacienda puede dar por perdida la batalla. En el equipo actual de Hacienda se considera que esa segunda sentencia es inminente -seguramente ratificará la primera- y que hay hasta 14 pronunciamientos de otros tribunales de inferior rango -entre ellos dos de la Audiencia Nacional del año 1994 y otra de 1996- con el mismo criterio.

Según medios del PP, Costa no ha querido cargar con la responsabilidad política de unos expedientes generados en la etapa socialista. Esa bomba de relojería no debía estallar en las manos del partido gobernante, cuando precisamente se le acusa desde el PSOE de "favorecer a los amigos ricos con regalos fiscales".

¿Favoreció el PSOE a sus amigos?, La directora de la ONI desde septiembre de 1994, Encarnación Vivancos, nombrada por Pedro Solbes y cesada por el PP, lo niega. Asegura que ese informe de auditoría interna lo encargó el equipo de Solbes precisamente a raíz de las primeras sentencias de la Audiencia Nacional. También se detectó que, tras el anuncio de que la nueva Ley General Tributaria iba a rebajar las sanciones por fraude fiscal, las actas se formaban en disconformidad.

Por estas dos causas, los expedientes se agolparon, pero Vivancos afirma que se tomaron medidas. En concreto, "dimos salida a todo lo pendiente por primas únicas, se pusieron medios informáticos y humanos para resolver los casos en 90 días y dejé sólo pendientes 1.000 millones de pesetas".

Otra cosa es que esas actas definitivas fueran recurridas ante los tribunales, sobre todo a raíz de las sentencias de la Audiencia Nacional y, en especial, de la última del Supremo. Y aquí, en los tribunales, es donde se ha reproducido el cuello de botella. En ocho meses de gestión, el actual equipo del PP ha seguido en la misma tónica al estar la pelota en los tribunales. El actual director de la Agencia Tributaria, Jesús Bermejo, asegura que nada más llegar al cargo se planteó como prioridad "agilizar los procedimientos con instrucciones tajantes".

El Registro de Economistas Asesores Fiscales afirmó ayer que en la última época del Gobierno socialista se tomaron medidas para resolver el problema de la paralización de expedientes. Apife, la asociación que agrupa a los inspectores de Hacienda criticó en una nota el malestar creado por las acusaciones de Costa que, obviamente, empanan su labor. Señalan que en todo momento se han atenido a la legalidad vigente y que han rechazado injerencias políticas. Otros inspectores consultados creen que Hacienda tira piedras contra su propio tejado al desmoralizar a los contribuyentes que pagan todos sus impuestos.