Bono afirma que en materia hidráulica el PP es peor que los gobiernos de la dictadura de Franco

La guerra del agua ha vuelto al escenario de Castilla-La Mancha tras el acuerdo firmado el martes entre la ministra de Medio Ambiente y el presidente de la Comunidad Valenciana, en el que se contempla un trasvase anual de 100 hectómetros cúbicos desde el Júcar al Vinalopó para paliar el déficit crónico del acuífero de Crevillente. El presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, censuró ayer el convenio y dijo que "hasta en la época franquista los trasvases se regulaban por ley". Para la organización agraria Asaja se trata de un "expolio y atentado" a los intereses de la Mancha.

El consejero de Agricultura y Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, Mariano Maraver, insistió en el mismo argumento que su presidente al afirmar que el Gobierno del PP ha demostrado que en materia hidráulica y de trasvases con esta región "es peor que el Gobierno franquista".Maraver se ha dirigido por escrito en términos críticos a la ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, por el convenio firmado con la Comunidad Valenciana, mediante el cual se invertirán 68.000 millones de pesetas en infraestructuras hidráulicas. Según el portavoz socialista Fernando López Carrasco estudian recurrirlo al Tribunal Constitucional.

El convenio prevé un trasvase de 435 hectómetros cúbicos anuales de agua del Júcar hacia el Vinalopó y Turia, de los que 100 se destinarán a la Marina Baja y los otros 335 a Valencia; 135 para abastecer a la ciudad y a la Ribera, y el resto para regadíos.

En ejecutivo de Toledo considera que los trasvases carecen de base legal [los trasvases intracuencas no lo necesitan] y lo califica como "el mayor de los desprecios para Castilla-La Mancha", ya que pondrá en peligro los regadíos de Manchuela Centro y Canal de Albacete, declaradas de interés nacional, así como redotación de áreas sobreexplotadas y el abastecimiento de ciudades como Albacete.

"La mayor beneficiada del convenio es Iberdrola", enfatizó Maraver apuntando al secretario de Estado de Aguas, Benigno Blanco, como "el máximo responsable político en materia hidráulica que abandonó su puesto de asesor en Iberdrola para llegar al Ministerio de Medio Ambiente; si hay algún río privatizado en beneficio de las eléctricas es el río Júcar, desde Alarcón hasta Tous pasando por Cofrentes. Todo se turbina con energía eléctrica para que llegue a sus destinos".

Para el sindicato agrario ASAJA el convenio es un "atentado discriminatorio contra los castellano-manchegos" y ha pedido a las fuerzas sociales de la región que se posicionen. Al mismo tiempo solicitan a Isabel Tocino más atención a las necesidades de los regantes de Castilla-La Mancha".

IU de Castilla-la Mancha ha pedido la convocatoria de un pleno extraordinario del parlamento para estudiar acciones legales que impidan la ejecución del citado convenio. La ministra puntualizó ayer que su Gobierno no ha hecho más que ratificar un proyecto preparado por la anterior administración socialista.