Alemán asume la residencia de Nicaragua hoy en guerra abierta con los sandinistas

El conservador Arnoldo Alemán, ganador por mayoría absoluta de las elecciones generales celebradas en Nicaragua, el pasado 20 de octubre, asumirá hoy la presidencia del país en medio de una grave crisis política. Fracasados los intentos del Frente Sandinista (FS) de anular los comicios, primero, y de maniatar al nuevo mandatario con 81 leyes aprobadas irregularmente por el Parlamento saliente, el líder de la principal fuerza opositora, Daniel Ortega, insta ahora a los nicaragüenses a emplear "cualquier medio de lucha para defender el Estado de derecho".

Los constantes llamamientos de diversos sectores en favor de un clima de estabilidad para arropar el traspaso de poderes en esta castigada república centroamericana han caído en saco roto. El Frente Sandinista, que con un 37,7% de los votos conoció en octubre su segunda derrota consecutiva en las urnas, no parece dispuesto a dar un minuto de respiro a Alemán, dirigente de Alianza Liberal, cuya candidatura logró el 51% de los sufragios.La antigua. guerrilla, que rigió los destinos del país entre 1979 y 1990 tras el derrocamiento de Anastasio Somoza, pidió la revisión del escrutinio y trató de anular los resultados alegando que se había cometido fraude. Sus pretensiones, sin embargo, chocaron con el veredicto del Consejo Supremo Electoral (cuya presidenta era sandinista) y de la mayoría de los observadores internacionales, entre ellos los enviados por la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos.

Con Alemán proclamado formalmente presidente el 22 de noviembre, la guerra se trasladó a la Asamblea Legislativa, que por momentos llegó a parecerse a un vodevil. El grupo sandinista y varios pequeños partidos (muchos de los cuales desaparecieron en las elecciones de octubre) dieron un auténtico golpe de timón: reformaron el reglamento interno, convocaron a sesiones extraordinarias y aprobaron contrarreloj, sin agenda de debates, sin megafonía, sin actas y sin quórum, un paquete de 30 leyes y 50 decretos. El plenario se dividió en dos bandos y al. presidente le dio una crisis cardiaca.

Las resoluciones no eran, desde luego, asunto baladí. A saber: los presupuestos generales del Estado para 1997, la privatización de varias empresas (estatalizadas, dicho sea de paso, por el propio régimen sandinista), el nombramiento del presidente del Banco Central y del procurador general de Justicia (hasta entonces facultad del Ejecutivo), la condonación de la deuda contraida por los partidos perdedores con el erario público y, para rematar el mandato, indemnizaciones de 10.000 dólares (1,3 millones de pesetas) y prórroga de la inmunidad parlamentaria para cada diputado saliente.

Los liberales no dudaron en calificar este repentina fiebre legisladora de "nueva piñata", en referencia al reparto de propiedades que el Frente realizó entre sus miembros al dejar el poder. Con ella, decían, la oposición ataría las manos al nuevo Gobierno.

Dadas las circunstancias, la presidenta Violeta Chamorro entregó los textos a la Corte Suprema, que el miércoles anunció su veredicto: todas las resoluciones adoptadas por la Asamblea Legislativa desde el pasado 23 de noviembre son inconstitucionales y, por tanto, nulas.

La reacción sandinista ha sido fulminante. "El fallo judicial es un golpe de Estado en contubernio con el Ejecutivo y el Gobierno de facto del señor Alemán, que pone al país en una situación de crisis con consecuencias impredecibles", aseguraba un diputado. La Asamblea Nacional ha decidido desconocer la sentencia del máximo tribunal de justicia y dar por vigentes las resoluciones aprobadas, Daniel Ortega se ha apresurado a llamar a los nicaragüenses a "utilizar cualquier medio de lucha para defender el Estado de derecho" frente a Alemán.