El MRTA pide 4.000 millones de pesetas por liberar a cuatro ejecutivos japoneses

J. J. AZNÁREZ ENVIADO ESPECIAL, Frecuentes las extorsiones y el secuestro de empresarios en la trayectoria del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), no parece descabellada la información del diario japonés Mainichi Shimbun: el MRTA pidió 100 millones de dólares (unos 13.000 millones de pesetas) a cambio de la libertad de los altos ejecutivos nipones rehenes desde el asalto del pasado 17 de diciembre en la residencia del embajador de Japón en Lima, y ahora se conforma con 4.000 millones de pesetas. Entre los 74 secuestrados figuran, al menos, 19 japoneses: el director general de Panasonic en Perú, Shigeru Taki; tres altos ejecutivos de las compañías Ajinomoto y Noys, y 15 diplomáticos y funcionarios.

Cuando se cumplen hoy 20 días desde la violenta ocupación, nada permite anticipar una rápida solución de la crisis, y el primer ministro japonés, Ryutaro Hashimoto, admitió en Tokio su pesimismo: "No me siento optimista sobre la situación".Ninguna de las demandas publicadas por. el jefe. del comando que controla la sede diplomática del barrio de San Isidro, Néstor Cerpa Cartolini, incluye el "impuesto de guerra", reclamado a punta de pistola y con éxito desde el nacimiento del MRTA a los casi 50 empresarios secuestrados. Todos ellos permanecieron encerrados en las denominadas cárceles del pueblo hasta el cobro del rescate. Cuatro hombres, de negocios, entre ellos el español Fernando Manrique, fueron asesinados durante su largo cautiverio en los inhumanos calabozos subterráneos de la guerrilla procastrista que exige la puesta en libertad de sus 458 compañeros presos en cárceles nacionales y de Bolivia. El canciller de este país de visita oficial en Lima, reiteró ayer que los cuatro emerretistas presos en La Paz no serán excarcelados para lograr la liberación de su embajador, Jorge Gumucio.

La no inclusión del peaje revolucionario en la lista de condiciones comunicadas al Gobierno de Alberto Fujimori para la liberación de todos los cautivos, no significa que no haya sido impuesto bajo manga y tampoco se descarta que algunos ejecutivos nipones hayan podido recobrar la libertad previo compromiso de sus empresas al pago. El MRTA conoce bien los antecedentes de Japón en este tipo de situaciones. El último se produjo en agosto: Sanyo pagó dos millones de dólares por la libertad de un ejecutivo suyo domiciliado en la localidad estadounidense de San Diego, pero secuestrado por delincuentes comunes en la mexicana de Tijuana. "Nosotros sólo queremos que nos devuelvan a nuestro presidente como sea", mencionó en esa oportunidad Adam Footer, Vicepresidente de la división norteamericana de Sanyo. Y uno de los primeros pactos conocidos ocurrió en 1977, año en que el Gobierno de turno cumplió las dos principales exigencias del comando del Ejército Rojo nipón atrincherado en un avión con sus 156 pasajeros secuestrados: pagó seis millones y liberó a seis presos del grupo terrorista.

Evidentemente ningún portavoz japonés reconoce, en Lima o en Tokio, la existencia dé negociaciones sobre pago de rescate, y así lo precisaba hace una semana Hiroyuki Yoshida, enviado del Mainichi: las empresas se niegan a efectuar comentarios, probablemente siguiendo instrucciones del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Diálogo y paciencia

Pese al autoritario comportamiento de Fujimori durante sus dos períodos de mandato, y el temor de que lo aplique hasta sus últimas consecuencias en la solución de la crisis, Japón apuesta por el diálogo Y la paciencia, y su influencia sobre la dirección a seguir por el Gobierno peruano parece importante. Perú encabeza la relación de países receptores de ayuda oficial japonesa, y aunque las inversiones directas de esa nacionalidad defraudaron las expectativas despertadas después de la primera investidura presiden cial de Fujimori, éste apalabró en su última visita al. país de sus. ancestros 600 millones de dólares en préstamos. También los empresarios japoneses quieren salvar a sus empleados, y el experto en conflictos de terrorismo, Brian Jenkins, explica la disposición al pago de rescate de las compañías que trabajan en mercados del Tercer Mundo. "Esta compañías aceptan el riesgo de secuestros y el pago de rescates mientras puedan, resolver esas situaciones sin la pérdida de vidas