De extradiciones, rehenes y asilos

El Uruguay es un país en paz. Desde 1985 en que recuperamos en calma nuestro tradicional sistema democrático, se ha vivido sin zozobras. Con momentos económicos mejores o peores, con debates apasionados, con plebiscitos y referéndums de todo tipo, pero en paz. Ésta no se comprometió ni aún en 1989 cuando en medio de una acalorada discusión se realizó un referéndum para derogar o ratificar la ley de amnistía a los militares por presuntos delitos de la época de facto y que fuera en definitiva avalada por el voto popular.En medio de ese clima pacífico, cada tanto nos ha venido de afuera algún ramalazo que, como corresponde a nuestra tradición, hemos asumido como propio, en lo que correspondía.

En 1994, lo vivimos con etarras. España había pedido su extradición y los jueces, luego de sus trámites, denegaron algunas extradiciones y concedieron otras. Cuando las negaron, quedaron en libertad los inculpados y nada pasó. Cuando las concedieron, se organizó un mitin de resistencia, que terminó en un episodio violento, con un muerto incluso. El Gobierno de la época dijo que la sentencia judicial debía cumplirse y punto, del mismo modo que se habían cumplido las otras, favorables a los acusados. Nosotros, entonces fuera del Gobierno, apoyamos al Gobierno, como todo el sistema político, salvo nuestros consabidos radicales de izquierda que los tenemos aún ignorando la caída del muro de Berlín y soñando con la revolución que ya no fue. Y bien, allá marcharon a España los dos extraditados, que terminaron luego de tanto azareo liberados en España misma. Aquel episodio no pasó de ser eso, un episodio, pero en su momento conmovió.

Con ese recuerdo fresco en la memoria, cuando la Cumbre Iberoamericana de Bariloche, en 1995, propusimos que se estudiaran nuevas normas de asilo y extradición, pues debíamos tener en cuenta el terrorismo y el narcotráfico, realidades que no estaban presentes cuando se redactaron los tratados que hoy nos rigen, básicamente desde 1889. El tema estaba en que a veces los narcotraficantes alegaban situaciones políticas y los terroristas por su parte lograban envolverse en las normas del delito político, pensadas para las confrontaciones clásicas productos de las revoluciones o las víctimas de los golpes de Estado.

En esos cambios se avanzó mucho y nuestro país impulsó una nueva normativa. Con España, con Argentina, con Chile, con Francia, ya hemos suscrito instrumentos internacionales que excluyen claramente el terrorismo del delito político. Esto es muy importante, porque queda claro que un terrorista no puede pedir asilo y queda claro también que en un caso de extradición no puede alegar que está dentro de un delito político para resistirla. Es más: se definen las acciones de terrorismo considerando en ellas el atentado contra personas que tienen inmunidades, el secuestro de aviones, el magnicidio, etcétera, precisión conceptual que es un avance sustancial en la negociación en la materia.

En eso estábamos cuando se nos viene otra tormenta, ahora desde Perú y nos quedamos con nuestro embajador de rehén, mientras en la Justicia se venía tramitando la extradición de dos miembros de la organización subversiva organizadora del inicuo asalto a la Embajada de Japón. La extradición se había pedido en marzo, el juez de Primera Instancia la había concedido, en mayo fue apelada y pasó al Tribunal de Apelaciones respectivo. Allí dos jueces fueron partidarios de no conceder la extradición, otro sí, y como no había tres votos conformes tal cual exige la ley, se comenzó un proceso de integración que fue llevándose todo el año hasta que sorpresivamente se produce el ataque, en la inminencia de un pronunciamiento, justo antes de la Feria Judicial Mayor. Viene el fallo no concediendo la extradición y mucha gente en Perú y algunos otros países pensó que había existido un acuerdo para la liberación de nuestro embajador, que se produjo de inmediato.

Tal suposición es totalmente falsa:

1. El Gobierno uruguayo desde el primer momento declaró públicamente que no negociaría y no negoció, al punto que nadie, por circunstancia alguna ha podido mostrar un hecho probatorio o indiciario de esa afirmación.

2. El Gobierno uruguayo, como ya va dicho, venía trabajando activamente para que nuevas normas superaran la jurisprudencia favorable a reconocer como delitos políticos aun aquellos cometidos por medios terroristas, dentro de un contexto revolucionario.

3. Los jueces uruguayos son independientes y si bien aciertan y equivocan como todos, en muchísimos casos discrepando con los criterios del Gobierno (como en éste), actúan como les place, cosa que en España se puede entender (porque la situación es igual) pero en otros lugares no.

4. Los jueces uruguayos que actuaron, todos, los que opinaron a favor de la extradición y los que opinaron en contra, estos últimos mayoría en definitiva, mantuvieron las posiciones sustentadas en casos anteriores, como el de los etarras vascos o los carapintadas argentinos. De modo que nadie puede legítimamente sospechar de nada, pues todos actuaron según y conforme criterios ya comprometidos.

Al Gobierno uruguayo no le correspondió ningún rol, salvo cumplir las órdenes judiciales. En este caso fue liberar a los requeridos. Del mismo modo que hubiera hecho lo contrario, costara lo que costara, de haberse concedido la extradición, como es la invariable tradición del país. El Uruguay nunca negoció con los terroristas y cuando también sufrió el mal, en los años sesenta, así actuó. Fue una posición bastante solitaria entonces, que sigue siendo bastante solitaria, pues hoy mismo en el caso de Perú hemos visto negociar directamente con los terroristas, como nosotros no hicimos ni haríamos. Sin embargo, en algunos periódicos y en apresuradas opiniones políticas, se pretendió cuestionar la actitud uruguaya injustamente, como si el Gobierno tuviera algo que ver en el asunto o como si los jueces uruguayos no actuaran con total independencia. Realmente fue lamentable el modo tan apasionado como injusto con que lo hicieron. Pero los hechos se van aclarando y la verdad, aún lentamente, va resplandeciendo.

De aquí hacia el futuro, está claro que lo que debemos hacer es mejorar nuestros tratados y que así como lo hicieron Uruguay y España debiéramos hacerlo todos. Para tener las reglas más claras y sobre todo más adaptadas a estas realidades.

Con ellas definidas, los jueces y gobiernos tendrán un solo camino a seguir, nadie podrá llamarse a sorpresa y los terroristas también sabrán que su método no les ganará contraprestación alguna.