Los recortes y las presiones localistas agravan la tensión en las universidades de Galicia

La comunidad universitaria de Galicia se debate en un agitado mar en el que se mezclan demandas económicas de los rectores, protestas estudiantiles y presiones localistas de los políticos. La decisión de la Xunta de no renovar el plan plurianual de financiación de los estudios superiores ha caldeado el ambiente este curso. Primero los rectores pusieron el grito en el cielo; ahora son los estudiantes los que piden más dinero con movilizaciones callejeras, que fueron duramente reprimidas por la policía la pasada semana. El Gobierno gallego que preside Manuel Fraga, asegura que no recorta el presupuesto, pero advierte que tampoco está dispuesto a blindar las universidades contra futuras restricciones.Las tensiones desatadas estas semanas son secuelas de una decisión tomada hace ya siete años. Bajo el amparo de los políticos locales crecieron en las ciudades gallegas numerosos movimientos en demanda de centros de estudios superiores, hasta entonces concentrados casi por completo en Santiago.

El Parlamento autonómo aprobó con un amplio respaldo un sistema basado en tres universidades -se crearon dos nuevas, en Vigo y La Coruña-divididas a su vez en siete campus (Ferrol, Pontevedra, Orense y Lugo, además de las tres cabeceras).

Tres administraciones

Todavía hoy el edificio está a medio construir. En la universidad de Vigo, por ejemplo, son habituales los forcejeos entre las distintas ciudades cada vez que hay que decidir la ubicación de un nuevo centro, y las deficiencias de infraestructura han propiciado continuas movilizaciones estudiantiles. "Una cosa es descentralizar la universidad y otra crear tres nuevos aparatos administrativos, que generan un gasto enorme", dice el diputado autonómico del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Bieito Lobeira, dirigente juvenil muy conectado a los movimientos estudiantiles. José Manuel Touriñán, director general de Universidades de la Xunta, reconoce que mantener tres universidades "es más caro", pero a continuación recalca: "Hay lo que hay. Todo esto nació por un acuerdo de los representantes de la voluntad popular de los gallegos".

Para sufragar la extensión del sistema universitario se aprobó en su día un plan de financiación, con vigencia hasta el 31 de diciembre de este año, en el que, según los datos de la Xunta, se han invertido más de 170.000 millones de pesetas.

Contra la opinión de los rectores, el Gobierno autónomo ha decidido ahora no renovarlo porque considera concluido el proceso de transición. Tanto los estudiantes como los equipos de gobierno de las instituciones denuncian que con ello perderán capacidad de planificación y autonomía, lo que implica estar al albur de las decisiones políticas.

"Nosotros no podemos proteger a la universidad de cualquier circunstancia económica futura", replica Touriñán. "Entonces también habría que hacerlo con otras necesidades sociales. En los últimos siete años ya hemos logrado, con un gran esfuerzo, pasar de 40.000 a 80.000 estudiantes".

Los rectores reclaman además 7.450 millones de pesetas de atrasos al no haberse adecuado al crecimiento de los precios las previsiones del plan ya concluido. Aunque el Gobierno autónomo ha dicho que irá entregando esa cantidad a lo largo de los próximos cuatro años, la deuda ha dado pie a que varios grupos estudiantiles hayan constituido en Santiago la Plataforma contra la Morosidad de la Xunta, la convocante de una manifestación el pasado miércoles que terminó con nueve heridos tras una carga policial.

Los estudiantes protestan contra el encarecimiento de las matrículas, la falta de residencias o la masificación de las aulas para exigir el pago de los atrasos.

Previsiones incumplidas

"El plan plurianual se determinó en función del gasto por alumno estimado en cada universidad", explica José Luis Meilán, rector de la Universidad de La Coruña, "pero no se actualizó, y las previsiones nunca se cumplieron. No se ha construido, por ejemplo, ninguna residencia. Tampoco se nos han transferido otros 2.700 millones concedidos con cargo a fondos europeos en los últimos tres años". Meilán destaca que "en términos reales" las universidades gallegas recibirán en 1997 menos dinero. De hecho, aparte de las inversiones, la subvención pública sólo aumentará en 96 millones de pesetas con respecto a los 30.090 millones del último año, aunque Touriñán justifica ese crecimiento "modesto" por la congelación de sueldos. Entre los grupos estudiantiles más ideologizados se repite la acusación que lanzan casi a diario la oposición política y los profesores de otros niveles educativos: "Al Partido Popular no le interesa la educación pública".