Los vendedores batallan contra la nueva ley que regulará el sector
Los vendedores ambulantes de la región, un colectivo formado por unas 7.000 personas, acusan al gobierno regional del PP de querer acabar con ellos por medio de la nueva ley prevista para el sector. Creen que la citada norma, que esta semana ha pasado la fase de enmiendas de los grupos parlamentarios y cuya aprobación está prevista para este mes, aumentará su precariedad e inseguridad. Por eso se han manifestado esta semana ante la Asamblea de Madrid y tienen previstas nuevas protestas.
Los vendedores consideran insuficiente que los populares hayan eliminado uno de los puntos más conflictivos del borrador de la ley: aquel que establecía un plazo máximo de cuatro años de prórroga de la licencia de venta, pasado el cual había que volver a solicitarla.
Al borrarse este punto, los afectados esperan que las renovaciones volverán a ser como hasta, ahora, cada año y de forma automática (salvo irregularidades por parte del vendedor), como un derecho adquirido. Carmen Torralbo, portavoz de la Plataforma de vendedores, cree que la desaparición de este punto es un paso adelante. "No hubieran planteado un límite de cuatro años si no estuvieran pensando en denegar licencias pasado ese tiempo", explica.
Un 5% para empresas
Pero hay otros aspectos discutidos en la ley, por ejemplo, el que abre la posibilidad de que entidades jurídicas (empresas) puedan tener hasta un 5% de los puestos de un mercado. "Pedimos que, como hasta ahora, nadie tenga más de un puesto en cada mercado", añade Torralbo.El director general de Comercio y Consumo de la Comunidad, Ignacio de la Vega, niega que haya intención alguna de precarizar el sector. "Ya hemos demostrado nuestra flexibilidad al eliminar la renovación a cuatro años, que no ha sido bien entendida, pero que pretendía dar una garantía de estabilidad", asegura. Cree que destinar el 5% de los puestos a empresas es "respetar el libre mercado".
La normativa también recoge la posibilidad de que los Ayuntamientos reserven un 10% de los puestos a empresarios del municipio que no pertenezcan al sector del comercio y necesiten dar salida a sus productos. "Nos parece bien si se matiza que sean artesanos o agricultores que no tienen otras maneras de comerciaflzación", añade Torralbo.
Los ambulantes rechazan el informe vinculante que debe emitir la Comunidad para trasladar o reformar mercadillos, y proponen que sea una comisión con representantes del municipio afectado y de los colectivos de vendedores quien decida.
La razón de esta queja es que en la nueva ley se establecen unas exigencias que obligarían a cambiar de emplazamiento y de condiciones a la mayor parte de los 92 baratillos de la región, y creen que las comisiones de afectados y municipios serían menos rigoristas en su aplicación.
