La seguridad ciudadana prima sobre las libertades en el nuevo Maaschtricht

Un altísimo nivel de seguridad ciudadana y una más modesta, pero cierta, ampliación de las libertades de los ciudadanos. Esos son los dos grandes objetivos comunes a los quince Gobiernos de la Unión Europea (UE) que alientan en el borrador articulado del nuevo Tratado de Maastricht, presentado ayer públicamente por a presidencia irlandesa. El texto recoge las reivindicaciones españolas de primar la lucha antierrorista y establecer un espacio judicial y policial Europeo.El desequilibrio libertad-seguridad es notorio. Un síntoma: la ciudadanía europea. creada en Maastricht -que permite a los nacionales de otros países comunitarios participar en las elecciones municipales y europeas del país de la UE donde residan- no sólo no se amplía sino que se acota, al asegurarse que "complementará y no sustituirá la ciudadanía nacional".

Pero no es un desequilibrio abismal. El borrador irlandés propone varias medidas para ampliar las libertades y derechos de los ciudadanos. Incorpora los derechos humanos al frontispicio del Tratado, de manera que cuando un Estado miembro cometa una "violación grave y persistente" de los mismos, el Consejo podrá suspenderle algunos derechos que le otorga la Unión. Y establece una cláusula general que prohibe "toda discriminación por motivos de sexo, de origen racial, étnico o social, de religión, de discapacidad, de edad o de orientación sexual".

Eso va acompañado del reconocimiento de nuevos derechos sociales. Lo principal es la consagración de una "estrategia común" para la creación de "un alto nivel de empleo", que queda en los términos adelantados ayer por EL PAÍS. Además, se recoge una cláusula que amplía la actual equiparación salarial hombre-mujer a su completa igualdad de oportunidades y de trato "en materia de empleo y ocupación". Unas cortas pero densas aportaciones para proteger el medio ambiente, consagrar la subsidiariedad y los derechos de los consumidores, completan los progresos de los derechos ciudadanos.

Pensando en el 2000

Hay algo más de derechos, pero ambivalente. Un nuevo título desarrolla la libertad de circulación de las personas, que deberá completarse "progresivamente" de aquí al año 2000, y concreta una lista de medidas que deben acordarse en el plazo de un año. Recoge así el esquema del convenio de Schengen (hoy limitado a una decena de países) sobre cruce de las fronteras interiores y exteriores de la Unión, política de asilo, de refugiados y de inmigración.A la libre cruce de las fronteras interiores le dedica sólo tres líneas: se deberá "garantizar la ausencia de controles de personas en el cruce de las fronteras interiores". A diferencia de Schengen, no se detallan las medidas de liberalización de fronteras aéreas, terrestres y ferroviarias, ni los plazos, ni las modalidades.

Los nuevos redactados para el área de la seguridad de las personas -impulsada sobre todo por Alemania, ante los peligros de la delincuencia procedente del Este- recogen ampliamente como objetivos dos grandes reivindicaciones españolas: la lucha contra el terrorismo y la creación de un espacio policial y judicial común. En cuanto a éste se propugna la total cooperación intergubernamental sobre "la distribución de procedimientos y el cumplimiento de sentencias en casos penales", la asistencia mutua en materia penal, la cooperación en casos civiles y mercantiles y el establecimiento de mecanismos para prevenir los conflictos de jurisdicción entre Estados.

Y para mejorar la cooperación policial, se consagran en el Tratado todas la actuales funciones de Europol, el llamado FBI de la UE. Pero, sobre todo, se propone ampliar sus competencias, a lo largo de varios años, aún indeterminados. En su momento podrá realizar, con permiso, "investigaciones en casos concretos en curso" y "asistir a los Estados miembros en la investigación de casos de delincuencia internacional". ¿Cuáles?: terrorismo, tráfico ilícito de drogas y psicótropos, fraude, corrupción, trata de seres humanos y delitos contra los niños.