Incoherencia fiscal

MEDIANTE UNA enmienda en el Senado a la Ley de Presupuestos -procedimiento que lo dice casi todo sobre la premura con que se ha tomado la decisión-, el PP y CiU quieren reducir la tributación por impuesto de sociedades a las pequeñas empresas con menos de 250 Millones de pesetas de facturación. El texto de la enmienda, que goza de la aquiescencia total del Gobierno, baja el tipo impositivo desde el 35% al 30% en los primeros 15 millones de beneficios, y pretende ser un estímulo al aumento de la inversión y el empleo. Ésa es, al menos, la explicación pública, en línea con la idea recurrente en el Ejecutivo de que la reducción de impuestos equivale casi automáticamente a la liberación de la iniciativa privada y la creación de empleo.No nos engañemos: la motivación principal de la rebaja impositiva es política. Sin la presión competitiva del País Vasco y Navarra, que han reducido el impuesto sobre sociedades operativo en su ámbito territorial, es más que probable que el Gobierno hubiese mantenido intocado el gravamen en cuestión. El oportunismo que rezuma la decisión sube de tono cuando se aprecia la notable incoherencia política que supone recortar impuestos a un colectivo al tiempo que se mantiene la con gelación salarial de los funcionarios. Aunque los costes de una decisión y otra no sean análogos, el agravio comparativo que se infiere gratuitamente podía haberse evitado. Difícilmente podrán los funcionarios superar la sensación de que se trasvasa renta hacia las pequeñas y medianas empresas.

En términos de política económica, la incoherencia es también notoria. El Gobierno se ha impuesto, para entrar en la Unión Monetaria, la tarea de recortar el déficit público hasta el 3%, del PIB en 1997 y, lo que es más difícil e importante, sostener ese ajuste presupuestario durante los años siguientes. Pues bien, este esfuerzo es incompatible con una reducción de ingresos, sobre todo cuando el éxito del recorte del déficit en 1997 está por ver y el mantenimiento del ajuste a partir de 1998 -ejercicio sobre el que pesarán los efectos de esta reforma- es más que dudoso.

Las incongruencias expuestas pasarían a un segundo plano si, al menos, la rebaja tributaria tuviese los efectos beneficiosos sobre la inversión y el trabajo que sus autores pronostican. Desafortunadamente, existe un acuerdo razonable entre los técnicos en que las secuelas de tal reducción serán muy pequeñas, si no inexistentes. En España, la tributación sobre los beneficios no es obstáculo, ni pequeño ni grande, para la inversión privada; y mucho menos entre las pequeñas y medianas empresas, acuciadas muchas de ellas por problemas más inmediatos y menos sofisticados. El tipo medio efectivo del impuesto de sociedades está en tomo al 20%,15 puntos por debajo del teórico. Si el Gobierno quiere deshacer los nudos que atan la inversión, seguramente debería mirar hacia otras direcciones más incómodas, como una reforma laboral correcta, en lugar de enviar mensajes confusos sobre raquíticas rebajas de impuestos a su supuesta clientela política.